Ningún ser humano es ilegal. Al menos no lo será en España si tiene dinero para comprar una vivienda por encima de 160.000 euros. La necesidad imperiosa de resucitar el mercado inmobiliario lleva camino de provocar cambios incluso en la legislación sobre extranjería, una de las normativas más polémicas y que más sinsabores ha causado en España a millones de personas en la última década. El Gobierno desveló ayer que prepara su reforma para facilitar la residencia de los extranjeros no comunitarios que adquieran una casa.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García – Legaz, fue el encargado de dar a conocer este proyecto, cuyo alcance fue después matizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el propio Ministerio de Economía. La medida, sobre la que según Rajoy aún «no se ha tomado ninguna decisión», fue también muy contestada por partidos, sindicatos y organizaciones de inmigrantes, que utilizaron adjetivos como «rara» e «inverosímil» para describirla. El PSOE exigió la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso para explicarla.

«En unas semanas se va a poner en marcha una reforma del decreto de Extranjería para conceder permisos de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda en España a partir de un determinado nivel de precio», anunció García Legaz. El límite con el que trabaja el Gobierno en este momento son 160.000 euros, especificó el secretario de Estado, que considera ese importe «equilibrado» para los objetivos que se persiguen. «No se puede poner un límite de precio más bajo, porque generaría una demanda masiva de permisos de residencia y la vivienda sería la excusa para conseguirlos», resaltó. La compra daría derecho a dos años de estancia ampliables.

Preguntado por la cuestión, Rajoy subrayó que «no hay ninguna decisión tomada». Sin embargo, dejó patente que el Gobierno «quiere que el ‘stock’ de viviendas se saque a la venta a precios razonables y no a los precios desproporcionados que hubo en el pasado». «Necesitamos vender las viviendas y que el sector de al construcción vuelva a salir adelante. No para construir 900.000 viviendas al año, como se hizo en 2006 y 2007, pero es importante porque da trabajo a mucha gente», señaló el jefe del Ejecutivo.

De concretarse, el permiso de residencia actuaría como un atractivo adicional para generar decisiones de compra entre personas de fuera de la UE y reactivar el mercado. El Ministerio de Economía, en concreto la secretaría de Estado de Comercio, se reconoce promotora de la iniciativa y trabaja con la vista puesta en grandes países emergentes como Rusia y China, donde hay ya un porcentaje de ciudadanos con poder adquisitivo para acometer una compra de estas características. Según García – Legaz, ya existe en esos mercados «una demanda considerable de vivienda en España». A chinos y rusos habría que sumar ciudadanos de algunos países árabes que estarían interesados en adquirir casas en la costa. Y es que España está en desventaja competitiva frente a otros países como Portugal, Italia e Irlanda, que según Comercio dan más facilidades para estancias largas.

Sin sanidad

Fuentes de Comercio detallaron que esta reforma beneficiaría por igual a quienes adquieran su casa al contado o mediante la contratación de una hipoteca. Sin embargo, otras fuentes gubernamentales puntualizaron que la ulterior autorización de residencia no será un cheque en blanco que dé acceso a beneficios como la sanidad, el mercado de trabajo o a la reagrupación familiar. El Ejecutivo también subraya que todos los solicitantes deberán cumplir los requisitos que exige la ley de extranjería: no estar irregularmente en territorio español, carecer de antecedentes penales, no figurar como persona rechazable en los países con los que España tenga suscritos convenios y contar con un seguro público o privado de enfermedad concertado con una aseguradora autorizada para operar en España.

Pese a las cautelas de Rajoy, la Secretaría de Estado mantiene que la medida «se podría aprobar en las próximas semanas». Colabora en su diseño un grupo de trabajo en el que están representados los ministerios de Economía, Empleo, Fomento, Interior, Hacienda y Exteriores.