El secretario de Estado de Comercio, Jaime García – Legaz, anunció ayer que el Gobierno estudia cambiar la ley de Extranjería para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por El Economista y patrocinado por Ernst & Young y Promarca, García – Legaz explicó que esta iniciativa está especialmente enfocada al mercado ruso y chino y que el cambio normativo se pondrá en marcha en “algunas semanas”.

Respecto al precio mínimo de 160.000 euros, dijo que se trata de un “nivel equilibrado” que “tampoco daría lugar a una demanda masiva de permisos de residencia”, ya que, a su juicio, un precio inferior podría servir de “excusa” para obtener la residencia.

Los ministerios implicados se reunirán hoy para tratar este cambio normativo con el que el Ejecutivo pretende impulsar la demanda externa de vivienda, en un momento en el que la demanda nacional está paralizada y apenas se da salida al excedente de pisos construidos sin vender.

García – Legaz añadió que hay “muchísima” demanda del sector inmobiliario fuera de España y puntualizó que el mercado de viviendas español ofrece una situación “muy atractiva” ante la caída considerable de los precios.

“En algunas semanas se pondrá en marcha la reforma del decreto de extranjería para reactivar la demanda exterior y contribuir a reducir el stock de oferta de viviendas”, informó tras precisar que este cambio normativo también se ha llevado a cabo en Irlanda y Portugal y está siendo valorado por los gobiernos de otros países europeos.

La propuesta del Gobierno ha sido recibida con escepticismo y hasta indignación por partidos de la oposición, colectivos de inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, sindicatos e, incluso, asociaciones de abogados. Aunque prefirió no pronunciarse de forma concluyente hasta conocerla con más exactitud, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, la calificó de “poco verosímil”, criticó que está escasamente elaborada y advirtió de que existen fórmulas más rigurosas para fomentar la compra de viviendas por parte de extranjeros.

Asociaciones de inmigrantes interpretaron la medida como “una burla a miles de personas que durante años han trabajado en España y que ahora se tienen que marchar porque no pueden pagar el piso en el que viven”.

“Es una tomadura de pelo, pues con esta iniciativa sólo incluye a colectivos como el chino y el ruso que tienen un poder adquisitivo superior al resto de inmigrantes que ahora se encuentran en España”, argumentó el portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine), Gilberto Torres, en declaraciones recogidas por Europa Press.

“Esta propuesta refleja un objetivo utilitarista, ya que el Gobierno no centra el foco del control del flujo migratorio en el aspecto laboral o familiar, sino en buscar otros nichos, como es, en este caso, el mercado inmobiliario, y sin importarle la procedencia del dinero de quien compra la vivienda”, señaló el portavoz de SOS Racismo, Mikel Mazkiarán.

Para el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, la propuesta “suena a novedoso, pero raro”. Toxo dijo desconocer si “va asociada solo a permiso de residencia o también a permisos de trabajo” y si es así, se preguntó “qué tratamiento van a tener” los inmigrantes irregulares.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, opinó que cabría hablar de “arbitrariedad”, “amiguismo” o “corporativismo” en esta idea. El presidente de los abogados reconoció que no conoce esa propuesta del Gobierno de reforma de la Ley de Extranjería, pero la definió como un “parche” y auguró que solo servirá para “solucionar situaciones muy concretas en las que cabría incluso cierta arbitrariedad o amiguismo o corporativismo”.

“Lo que tenemos que plantearnos es que la solución tiene que venir de la mano de leyes generales que resuelvan problemas generales”, señaló. En la misma línea, consideró “francamente insuficiente” el decreto contra los desahucios aprobado la semana pasada.