Nuevo golpe al fraude a la Seguridad Social. Tras la macrooperación que el pasado mes de junio se saldó con más de 50 detenciones en la provincia, la Policía Nacional ha desmantelado una nueva red en Barcelona, Girona y Castellón dedicada a la venta de contratos falsos de trabajo con los que obtener prestaciones por desempleo y ha arrestado a otro medio centenar de personas, ocho de ellas afincadas en las localidades de Alcalá de Xivert, Benicarló y Torreblanca.

De hecho, una de las 30 empresas ficticias constituidas por los cabecillas de la trama para llevar a cabo su fraudulenta actividad tenía su domicilio social en esta última población. En total, se calcula que los detenidos podrían haber estafado más de 300.000 euros a la Seguridad Social.

Y es que, según informaron ayer a Las Provincias fuentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, «los responsables de la red vendían contratos falsos por un importe de 500 euros y, a partir de la constitución de empresas ficticias a nombre de terceros, la documentación necesaria para que ciudadanos extranjeros solicitaran o renovaran permisos de trabajo y residencia, así como acumular los mínimos plazos de carencia establecidos para obtener subsidios de desempleo».

La bautizada como ‘operación Donella’, dirigida por el cuerpo barcelonés en colaboración con las brigadas provinciales de Girona y Castellón, es consecuencia directa de otra macrooperación que la Policía Nacional llevó a cabo a mediados de este año en Cataluña contra el fraude en las prestaciones y subsidios por desempleo y en la que se detuvo a 150 personas y se imputó a otras 277.

Organización «perfecta»

Al parecer, la trama disponía de un grupo de 30 empresas ficticias y sin actividad laboral real, constituidas a nombres de testaferros «procedentes de sectores marginales y de exclusión social». «Estaban perfectamente organizados», señalaban los responsables de la operación, para a renglón seguido destacar que los detenidos, la mayoría de ellos de origen marroquí, «no contaban con antecentes policiales», por lo que, tras pasar a disposición judicial, han sido puestos en libertad con cargos a la espera de juicio.

Según se ha podido saber, a través de estas compañías fantasma, al menos una de las cuales tenía su domicilio social en el término municipal de Torreblanca, se presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles, que en ningún caso cumplían con la obligación legal de cotizar por sus seguros sociales.

Los contratos de trabajo fraudulentos eran ofrecidos a ciudadanos extranjeros a cambio de 500 euros, lo que les permitía solicitar o renovar el permiso de trabajo y residencia. Además, en muchos casos, el fraude permitía a los trabajadores acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o completarlos, para así obtener las preceptivas prestaciones por desempleo.