Bilbao. La península de Zorro – tzaurre amaneció ayer con un nuevo operativo policial que desalojó a 21 personas asentadas en edificios abandonados de este barrio bilbaino. De las personas desalojadas cinco fueron trasladadas a dependencias policiales para comprobar su situación legal. La Policía Municipal en colaboración con la autoridad competente en materia de Extranjería – el Cuerpo Nacional de Policía – desarrolló el dispositivo desplegado ayer al hilo de la intervención llevada a cabo a finales de la semana pasada en el que se desalojó a otras 40 personas – de estas 11 fueron trasladadas a CIE en Madrid a la espera de una posible expulsión, si bien, dos han sido puestas en libertad por orden judicial – . La actuación de ayer estuvo también motivada por las nuevas denuncias interpuestas por los vecinos de la zona, ante la creciente sensación de inseguridad. “Es un problema que tenemos todos, los vecinos y nosotros. No es una cuestión de razas o etnias sino de personas que no cumplen las normas”, expuso el concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro. A las 7.50 horas diez patrullas de la Policía Local acompañados por una furgoneta de la Policía Nacional, dos dotaciones de bomberos de la villa y una zodiac se personaron en el número 10 de la calle Ribera de Zorrotzaurre, frente a la empresa inactiva Cromoduro. Desde este punto, los agentes accedieron tanto a este inmueble como a las propiedades de la antigua fábrica de Tubos Reunidos Allende. Se trata de los dos mismos escenarios en los que se desarrolló el primer desalojo el jueves de la semana pasada. En esta ocasión además de estos edificios y las fábricas colindantes, los agentes revisaron las partes traseras de varios pabellones situados en las inmediaciones. Dos horas después de su inicio la actuación policial se dio por finalizada. El computó final fue de 21 personas desalojadas de los edificios inspeccionados, en su práctica totalidad jóvenes inmigrantes que apenas superaban la mayoría de edad. Si bien, tal y como confirmó Del Hierro, ninguno era menor de edad, “de lo contrario se hubieran puesto a disposición de la Fiscalía de Menores”. Del total de las personas desalojadas 16 fueron identificadas in situ y puestas en libertad, mientras que las cinco restantes fueron trasladadas en un furgón policial a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao para proceder a su identificación y comprobar su situación legal. Tal y como verificó el edil no se llevó a cabo ninguna detención ya que para ello debe pesar sobre estas personas algún tipo de requerimiento judicial. “Se detiene a quien ha cometido una delito, tiene algún requerimiento o se encuentran en situación ilegal”, aclaró.

Por su parte, SOS Racismo criticó el desalojo y afirmó que el problema continuará “hasta que no se dé respuesta a las necesidades de las personas que viven allí”.

Mesa de Seguridad Ante esta situación, el Ayuntamiento convocó ayer una Mesa de Seguridad para tratar este y otros asuntos; una mesa que a partir de ahora se celebrará cada seis meses y que destacó por desarrollarse en un ambiente cordial y de entendimiento. El PNV, el Partido Popular, el PSE y Bildu coincidieron en que Bilbao “es una ciudad segura”. A pesar de lo cual existe una sensación de inseguridad “y más después de algunos sucesos”, matizó Beatriz Marcos, del grupo popular. Por ello, según el socialista Alfonso Gil “todos trabajaremos para que la ciudadanía tenga una percepción de seguridad”. Según el edil jeltzale, “haremos lo que sea menester para erradicar el comportamiento incívico y peligroso de algunas personas”. El portavoz abertzale, Txema Azkuenaga, afirmó que más que de seguridad “el problema es de exclusión social”.