Uno de los asentamientos visibles desde la avenida Juan de Borbón, ayer, aún sin desmantelar, a la altura de Churra. :: VICENTE VICÉNS/AGM

Aparecen, como champiñones, en mitad de cualquier descampado o bajo el medio techo de una vivienda semiderruida. Suelen ser grupos de inmigrantes – rumanos, búlgaros, subsaharianos – o de gitanos españoles que, en ocasiones, solo permanecen un corto espacio de tiempo, porque su estilo de vida les lleva a ganarse el pan yendo de un lugar para otro vendiendo chatarra o rebuscando en contenedores de basura. Pero cuando su estancia se prolonga en el tiempo, comienzan los problemas de insalubridad, ruidos y hasta de inseguridad, y son denunciados por los vecinos. De los 40 asentamientos ilegales censados, el Ayuntamiento ya ha logrado desmantelar la mitad, en torno a una veintena, en lo que va de año.

A primeros de año, y con el fin de erradicar los casos de insalubridad e inseguridad, además de proteger a los menores de edad que malviven en chabolas, el Ayuntamiento constituyó una Mesa de Trabajo de Asistencia y Vigilancia de Asentamientos Ilegales, integrada por técnicos de Sanidad, Urbanismo, Policía Local y Servicios Sociales, bajo la dirección y coordinación de la concejal de Seguridad, Nuria Fuentes.

La primera actuación consistió en realizar un censo de los asentamientos ilegales existentes en el municipio para conocer su localización exacta, el número de personas agrupadas y las características del mismo. Son grupos de personas que están unidas por unas características comunes – además del parentesco – como son la lengua, el país de origen o la religión. Los grupos más frecuentes y numerosos son de rumanos, búlgaros, lituanos, subsaharianos, marroquíes, croatas y gitanos españoles.

Una vez resueltos los aspectos de competencia policial – identificación de personas, comprobación de antecedentes, control de documentación… – la forma de actuar en un asentamiento u otro difiere en función de diversas circunstancias tales como que el lugar ocupado sea una zona pública o privada, que haya menores o que exista riesgo de ruina inminente en el edificio utilizado.

Para hacer un seguimiento pormenorizado, la Mesa de Trabajo se ha estado reuniendo con periodicidad mensual y, cuando ha sido necesario, cada 15 días.

La ubicación de los asentamientos ilegales se extiende por todo el municipio, y así se pueden ver chabolas en lugares tan próximos a la ciudad – y visibles desde la carretera – como entre Churra y la avenida Juan Carlos I o bajo la autovía, en El Malecón, o bien en pedanías tales como La Arboleja, Puente Tocinos, Patiño, Los Dolores, Algezares, Cabezo de Torres y en otras más alejadas, y ya en el Campo de Murcia, como en Los Martínez del Puerto o en la finca del Mayayo.

El protocolo de actuación consiste, una vez detectado el lugar de asentamiento – la mayor parte de las veces a raíz de la vigilancia de los servicios llevados a cabo por la Policía Local – en coordinar una serie de acciones complementarias, como la inspección sanitaria, el control higiénico – sanitario, el control de Servicios Sociales por si hay menores, la localización y notificación al propietario, cuando se trata de un edificio o terreno particular, el derribo o cerramiento del edificio para impedir nuevas ocupaciones, y la limpieza de la zona por acumulación de basuras y desechos.

Respecto al destino de los integrantes del asentamiento desmantelado, no hay datos oficiales. Según un portavoz de la Policía Local, «está claro que la gran mayoría se desplaza y, en ocasiones, salen del término municipal. En otras ocasiones, simplemente se trasladan pero deja de persistir el problema».

Tapiar o derribar

Para evitar nuevos asentamientos, es importante tapiar o incluso derribar el edificio abandonado o en ruinas que los cobijaba. A los titulares de la propiedad privada se les notifica que están obligados a acondicionar la parcela, limpiarla y vallarla o, en su defecto, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria y le cargará el coste al propietario. En otras ocasiones, el Ayuntamiento se ve obligado a solicitar autorización al juzgado.