Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se restaure la cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes irregulares infectados de VIH o virus del SIDA.

María Soledad Galán, miembro de la Ejecutiva local de UPyD, anunció esta decisión en una rueda de prensa en la que puso de relieve que el Real Decreto por el que se restringe la atención sanitaria a este colectivo deja desprotegidas a muchas personas extranjeras no residentes en España.

La upedista aseguró que las consecuencias de esta decisión, cuya «base es económica» pueden ser nefastas en el ámbito de la salud pública.

Con cifras homologadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el tratamiento retroviral del SIDA reduce en un 96 por ciento su transmisión, siendo este uno de los motivos por los que considera que no se ha evaluado bien el riesgo derivado de esta restricción sanitaria.

Según el Grupo de Estudio del SIDA (Gesida), el número de muertes anuales por el VIH oscilará entre 27 y 50 tras la entrada en vigor de este decreto, y tanto las incidencias como las complicaciones derivadas de la enfermedad se incrementarían con el coste que esto supone en atención por la vía de urgencias, segundo motivo que lleva a UPyD a cuestionar el ahorro.

Galán también se refirió al número de contagios que se producirían de no tratarse la patología: Se prevén 18 casos nuevos al año por cada 100 pacientes, esto es, entre 324 y 580 personas enfermarían de SIDA si no se medica a los portadores actuales.

Por todo esto, desde UPyD defienden la necesidad de «proteger no solo a este colectivo, sino a muchos otros» que integran la sociedad española.