La Inspección Provincial de Trabajo de la Delegación del Gobierno en Murcia ha impuesto sanciones de 30.000 euros y 10.000 euros a dos empresas por vulnerar los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una de estas resoluciones acuerda multar con 30.000 euros a la sociedad P.V.M., mientras que la segunda afecta a la empresa I. J.B., S.L., que es multada con 10.000 euros. Sus responsables disponen del plazo de un mes para ingresar esos importes.