DURANTE décadas, ayuntamientos de diferente signo político de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote facilitaron y promovieron la construcción de cientos de edificaciones hoteleras, provocando un crecimiento inusitado de las áreas turísticas. La vorágine inmobiliaria adquirió tales dimensiones que la oferta local de mano de obra dispuesta a dedicarse a tales menesteres se quedó corta, lo que obligó a recurrir a la contratación de trabajadores foráneos, que empezaron a llegar a mansalva. Por citar un ejemplo pintoresco, baste recordar que la población joven, y en algunos casos no tan joven, de algunas aldeas gallegas emigró en su totalidad a las islas.

Como era previsible, la pescadilla acabó por morderse la cola: los recién llegados necesitaban viviendas y todo tipo de servicios, que a su vez precisaban de lugares donde ubicarse y profesionales que los prestaran. De forma paralela, las infraestructuras públicas debían adaptarse a una nueva realidad. Todo ello incrementó aún más el protagonismo del sector del ladrillo e intensificó la urgencia de emplear a ciudadanos de otras regiones y países.

El proceso se llevó a cabo con la aquiescencia, el aplauso y la complicidad de los cabildos, el Gobierno de Canarias y las principales asociaciones empresariales, rendidos al dinero fácil que entraba a espuertas y dejando de lado cualquier iniciativa seria que permitiese diversificar la economía. Nadie pensó que aquello fuese la crónica de una muerte anunciada, y si alguien llegó a plantearse tal posibilidad, mantuvo la boca bien cerrada. El ladrillo se hizo dueño y señor del archipiélago y el turismo, como bien comprobamos estos días con el mantenimiento de unos elevados niveles de ocupación y, a pesar de ello, el ahondamiento en una crisis sin precedentes, se tornó en el segundón, cuando no en la mera excusa para justificar proyectos urbanísticos megalómanos que requerían aún más asalariados de otras latitudes.

De forma paralela, la administración autonómica, haciendo gala de un exacerbado pancanarismo intercontinental, se afanaba año tras año en derribar cualquier traba que impidiera la llegada desde Venezuela de hijos, nietos y biznietos de emigrantes, lo que convirtió a las islas en uno de los principales destinos para quienes huían de la complicada situación económica y social que atravesaba, y sigue padeciendo hoy en día, la república que dirige con mano férrea Hugo Chávez.

Ante tales evidencias históricas, que los principales defensores y beneficiarios del modelo de desarrollo (es un decir) que propició la llegada masiva de inmigrantes culpen ahora a dichos trabajadores, y van unas cuantas veces, de los males del archipiélago, sólo cabe considerarlo un ejercicio de cinismo e hipocresía. Otro más.