La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo tiene claro: ningún inmigrante ilegal se quedará sin asistencia sanitaria a partir de hoy, fecha en que entra en vigor el real decreto que modifica las condiciones para ser atendido, pero «tendrán que buscar los mecanismos necesarios para el reintegro y reembolso de los gastos ocasionados».

Esto tendrá su excepción en las siete comunidades que ya anunciaron su intención de no cumplir con la reforma y seguir atendiendo, gratuitamente, a los sin papeles. Ente ellas destaca Galicia, la única gobernada por el mismo partido que sustenta al Gobierno.

Esta libertad de acción para las comunidades, en la que insistió la propia Santamaría ayer al afirmar que cada una podrá definir «en su ámbito de competencia cómo van a prestar esa atención sanitaria y cómo la van a sufragar», dio pie a que Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, la comparase con «un monstruo de Frankenstein de 17 cabezas». Una por cada comunidad autónoma.

Las diferentes interpretaciones de la reforma, las 17 cabezas de las que habla el PSOE, son, para Jiménez, la constatación de que el Ejecutivo «no ha conseguido homogeneizar la asistencia». La socialista, después de reunirse, junto con Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, con representantes de la Organización Médica Colegial (OMC) lamentó que lo único que se va a conseguir es que cada comunidad «haga lo que quiera» en la atención de los inmigrantes .

Jiménez teme que mucha gente «se quede sin atención sanitaria» debido a «la confusión creada por las decisiones del PP». Afirmación que negó la vicepresidenta, quien aseguró que el hecho de no estar en posesión de la tarjeta sanitaria no excluye el derecho a la asistencia. Algo que reiteró el propio Ministerio de Sanidad, que manifestó que «en la sanidad pública nunca te van a pedir dinero» antes de atender. Sanidad también apuntó que, en caso de no poder hacer frente al pago en el momento de ser atendido, pero sí más adelante, se reclamará la factura al interesado.

A partir de hoy se verá cómo funciona la nueva fórmula, y si el temor de un sector de los facultativos se cumple y comienza un «trasvase» de ilegales de una región a otra.