Primer día de puesta en marcha de la reforma de la asistencia sanitaria, y primer día de concentración contra ella. Una treintena de ONG, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos se agruparon ayer a las puertas del hospital madrileño Gregorio Marañón para mostrar su rechazo a lo que consideran un «apartheid sanitario».

El decreto ley aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy impone la obligación a los inmigrantes sin papeles de pagar por la asistencia sanitaria no urgente, una medida calificada de «xenófoba» por las diversas ONG que durante la mañana de ayer rodearon con una cadena humana la entrada al Gregorio Marañón.

«Partido Popular, Ku Klux Klan» o «no son recortes, son ejecuciones» fueron las consignas más coreadas. Mario Pérez, portavoz de Médicos del Mundo y uno de los convocantes de esta protesta, exigió al Ejecutivo que derogue esta reforma que, aseguró, «colapsará las urgencias» debido a que es el único lugar al que podrán acudir los inmigrantes en situación ilegal. Además, alertó de que las personas con enfermedades graves quedarán «abocadas a una posible muerte».

Representantes del PSOE e IU participaron en la concentración. La secretaria de Organización de los socialistas madrileños, Maru Menéndez, criticó que el Gobierno haya destruido, con este real decreto, «un modelo universal público» que, aseguró, «era el mejor».

La de Madrid no fue la única protesta ante el nuevo sistema de atención sanitaria que comenzó a funcionar ayer a excepción de las siete comunidades que no cobrarán. En Burgos, Lanzarote, Las Palmas y Valencia también se concentraron críticos con las medidas de ajuste del Partido Popular.

Además, la Organización Médica Colegial (OMC) también se pronunció ayer ante el nuevo sistema. La OMC aprobó una declaración en la que pide a los facultativos que atiendan «a todos en todo momento», mostrando su confianza en que se cumpla «el deber deontológico».

En el documento hecho público ayer por la organización se ofrecen orientaciones deontológicas, descartando la «desobediencia civil» de los profesionales sanitarios. Así, solicitan al Ejecutivo «soluciones que eviten a los sanitarios españoles un dilema» entre la norma y los postulados deontológicos de la profesión médica.

La OMC acepta en su escrito que es deber del Gobierno y de las comunidades regular, pero ofrecen su «leal colaboración» para evitar posturas encontradas a la vez que reiteran a los médicos que su deber es atender a todos «independientemente de su situación legal».