El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga la implicación de la red de blanqueo de capitales liderada por el empresario chino Gao Ping en infinidad de delitos, como inmigración ilegal, matrimonios concertados entre chinos y españoles, extorsión, prostitución y hasta juego ilegal. Así se desprende de algunos autos dictados por el magistrado respecto a varios de los detenidos que por el momento han prestado declaración en sede judicial, y en los que se hace hincapié en los métodos de la organización desmantelada en la ‘operación Emperador’.

En concreto, el juez destaca que el dinero que la red sacaba físicamente de España procedería principalmente del contrabando y el fraude fiscal, si bien también tendría su origen en actividades de crimen organizado vinculadas con delitos contra la propiedad industrial e intelectual y tráfico de seres humanos y de estupefacientes. Los envíos de dinero en efectivo a China se producirían cada mes o cada mes y medio, y en cada ocasión las cantidades oscilaban entre los cuatro y cinco millones de euros.

La red intentaba esquivar los controles contra el blanqueo de capitales obteniendo numerosas fotocopias de pasaportes, la mayoría falsos o manipulados, y realizaba los envíos a nombre de personas que figuraban en los mismos. Con estos métodos, destaca el juez, la organización, dentro de la que trabajaba un grupo «altamente» especializado en el fraude y la evasión de capitales, movía un «altísimo volumen de dinero» al margen de los cauces legales.

El magistrado ha llegado a estas conclusiones tras analizar el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas a los miembros de la trama. Gracias a ellas se investigan también delitos de inmigración ilegal a través de matrimonios concertados entre chinos y españoles con el fin de conseguir permisos de residencia, así como fraudes a la Seguridad Social para obtener de forma fraudulenta la cobertura sanitaria. En estas actividades estaría implicada una gestoría de Madrid, en la que se cobraba a ciudadanos chinos sumas de entre 16.000 y 18.000 euros para regularizar su situación o se les ofrecía la posibilidad de trabajar gratis entre dos y tres años en los negocios que la red tiene en España para resarcir sus deudas. En este sentido, la red contaba con el ‘Grupo Shandong’ que, según el juez, estaba formado por individuos unidos por intereses económicos y mercantiles que cobraría esas deudas, «empleando la violencia cuando es necesario».