Son la otra cara de la moneda, aunque muy pocos mostraron públicamente su malestar con lo que está sucediendo. Las principales asociaciones que agrupan a comerciantes y ciudadanos chinos optaron por guardar silencio y no pronunciarse hasta conocer más detalles de la operación Emperador, aunque reconocen algunos de sus efectos, como el de potenciar la estereotipada imagen de los chinos como un colectivo hermético, endogámico y poco respetuoso con las leyes.

Una de las escasas excepciones vino de la mano de los miembros del China Club, asociación formada por profesionales del país asiático con experiencia laboral en empresas del país. En una Carta abierta a la sociedad española, aseguran que la operación Emperador «ha conmocionado a la comunidad china, al igual que al resto de la sociedad». «En estos momentos de confusión añaden en la misiva la sociedad no debería atender a prejuicios o descalificaciones de carácter general, tan alejadas de la realidad».

Los miembros de este club destacan en el texto que los profesionales chinos viven los mismos problemas sociales y económicos que los españoles y encuentran las mismas dificultades en las empresas a las que pertenecen, por lo que consideran que no debe existir ninguna duda sobre la honestidad de su trabajo. «La sociedad española no debe albergar ninguna duda sobre nuestro compromiso para contribuir a la recuperación económica de España, país que nos ha acogido y acoge con extrema amabilidad», concluye la carta.

Mientras, dirigentes políticos y asociaciones de comerciantes españoles se afanan en transmitir que lo ocurrido es solo una cuestión de legalidad. «Muchas veces nos han preguntado por la competencia de los chinos. Y siempre respondemos que nosotros no hacemos la distinción entre nacionalidades, sino entre las empresas que cumplen o incumplen con la legalidad», precisó Borja Oria, presidente de la Asociación del Comercio Textil. También las declaraciones de los políticos se esfuerzan por explicar que el operativo «no va contra los chinos». «Es contra aquellos que han montado una mafia para evadir. Y hay que acabar con ello», defendió el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.