«Se ha detectado una organización criminal integrada por diferentes grupos, que vienen desarrollando de forma permanente y concertada una serie de actos criminales encaminados a obtener un claro beneficio económico de dichas actividades en perjuicio de la Hacienda Pública española». Así comienzan los autos con los que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzó anoche a enviar a prisión a los primeros interrogados por la operación Emperador.

En al menos seis casos fueron prisiones eludibles bajo fianzas de 25.000 y 50.000 euros cantidades inferiores a las reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción (40.000 y 60.000, respectivamente), y en un caso, el de una mujer israelí, el juez ordenó prisión sin posibilidad de fianza alguna.

De los 20 detenidos que el juez tenía previsto interrogar anoche, 15 de ellos eran españoles y los otros cinco, de nacionalidad china. Uno de ellos quedó en libertad por razones de salud con la obligación de comparecer quincenalmente.

Los delitos que el juez atribuye a la trama son 13, más incluso que los expuestos el martes por la Fiscalía Anticorrupción. Conforme a su enumeración, son los de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, amenazas, coacciones, extorsión, delitos contra los trabajadores, contrabando, cohecho, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, prostitución y tráfico de drogas.

El magistrado explica que el dinero que obtenía la red provenía «principalmente» del fraude fiscal y el contrabando y, «en menor medida», de delitos contra la propiedad industrial, el tráfico de personas y el tráfico de drogas.

La red tenía una subestructura dedicada al blanqueo mediante transporte de dinero en efectivo, falsas remesas de inmigrantes, transferencias a China y Hong Kong y operaciones de compensación dentro de la UE. Miembros de la organización se dedicaban a «captar empres