El Gobierno de La Habana anunció ayer la flexibilización de su dura legislación migratoria, pero se resiste a garantizar la libre circulación de los ciudadanos cubanos. Los medios oficiales del régimen castrista informaron que a partir del 14 de enero ya no será necesario solicitar permiso para viajar fuera de la isla, si bien la concesión del pasaporte –el único requisito imprescindible para salir de Cuba– seguirá sujeta a restricciones.
El régimen que preside Raúl Castro ha tomado varias medidas para facilitar la vida de los cubanos. Levantada queda, por ejemplo, la prohibición de alojarse en los hoteles turísticos. También se permite la venta libre de electrodomésticos, ordenadores y teléfonos móviles, además de coches y viviendas.
La reforma de las leyes migratorias es necesaria por razones económicas, de acuerdo con algunos expertos independientes, que observan la medida como una puerta abierta a la emigración no ideológica en busca de mejores condiciones de vida. Hasta ahora, el régimen calificaba de traidores o contrarrevolucionarios a los cubanos que solicitaban el permiso de salida, la llamada carta blanca, denegada invariablemente a los disidentes políticos que intentaban obtenerla.
En este sentido cabe destacar que el cambio en las leyes migratorias permite también a los ciudadanos cubanos con residencia en la isla permanecer en el exterior un máximo de 24 meses –en lugar de los actuales once– sin tener que regresar a su país a renovar papeles. La extensión del plazo facilitará, de acuerdo con algunos observadores, la instalación de muchos emigrantes en los países de destino y por tanto un incremento en el envío de remesas a la isla, convertidas ya en la principal fuente de divisas para el régimen castrista.
La mayoría de los cubanos no tiene pasaporte, pero a partir de ahora los que quieran salir de su país tendrán que tramitarlo. El decreto ley emitido por el Gobierno hace énfasis en las condiciones que deben cumplir los ciudadanos para obtener el documento y, entre ellas, establece que los solicitantes no pueden “estar sujetos a un proceso penal” o “tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal”. Tampoco se concederá cuando “razones de defensa y seguridad así lo aconsejen” o bien si el ciudadano no “cumple con las leyes de responsabilidad civil” o “está sujeto a obligaciones de servicio militar”. Por último, será denegado “cuando, por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas”.
Distintos grupos que aglutinan a opositores cubanos emigrados rechazaron la reforma por “insuficiente” y “tramposa”.
“Los cambios abogan por el mismo método de control utilizado en China: los obstáculos no estribarán en un permiso de salida, sino en la obtención del pasaporte. El régimen continuará decidiendo a su arbitrio en un asunto tan relevante como la libertad de movimiento de los ciudadanos”, subrayaba ayer el editorial de la publicación digital Diario de Cuba. “Siguiendo el mal ejemplo de Pekín, La Habana pretende fomentar una emigración obediente y apolítica. Viajar libremente, en uno u otro sentido, seguirá utilizándose como un premio al silencio, la indiferencia o la lealtad al castrismo, según sea el caso”, concluía.