Nuevo golpe a las tramas que se dedican a estafar a la Seguridad Social con falsos contratos de trabajo. Es la tercera gran red que se desmantela en la última semana. La Guardia Civil ha detenido a 60 personas implicadas en una organización delictiva dedicada a la falsificación de contratos, regularización fraudulenta de extranjeros y cobro ilegal del paro. Unos métodos con los que lograron estafar algo más de un millón de euros.

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, la ‘Operación Aquileo’ se inició en mayo, cuando se detectó que un gran número de trabajadores extranjeros, asentados en Segovia, Murcia y otras provincias, regularizaban su situación administrativa en España con contratos de trabajo de una empresa de construcción que, según se averiguó, no tenía actividad real.

De hecho, la sociedad, tal y como reflejaron las pesquisas policiales, se encontraba en realidad en estado de disolución y acumulaba unas pérdidas de 150.000 euros.

La red, con ramificaciones en Murcia, Alicante, Gerona, Las Palmas, Toledo, Ávila y Madrid, contrataba a extranjeros, que utilizaban este documento falso y el período que supuestamente habían trabajado para regularizar su situación administrativa en España.

Después demandaban las prestaciones por desempleo, así como ayudas familiares.

A la vez, los integrantes de la organización aprovechaban esos contratos para solicitar reagrupamientos familiares, préstamos bancarios o permisos penitenciarios.

El responsable de la empresa pantalla, H.M.P., un hombre de 45 años y vecino de Segovia, era quien expedía supuestamente los contratos falsos y hacía las altas ficticias en la Seguridad Social, previo cobro de una cantidad que oscilaba entre 200 y 500 euros por mes de alta en la empresa.

H.M.P. realizaba los contratos en un bar que regentaba en Segovia y su actividad se difundió rápidamente mediante el boca a boca entre la comunidad extranjera de la comarca, principalmente entre la de origen marroquí.

Se han practicado registros en la sede social de la empresa, en la vivienda particular del presunto cerebro de la trama y en el domicilio de varios supuestos trabajadores, en los que se ha intervenido documentación falsa como contratos de trabajo, nóminas, comunicaciones a la Seguridad Social y documentación fiscal.