Hay delitos que uno no puede cometer si otro no colabora. A veces, esos cooperantes se cuentan por decenas. Es el caso del constructor de Mazarrón detenido el pasado julio por la Policía Nacional por un presunto fraude millonario a la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo mediante la ficticia contratación de trescientos inmigrantes marroquíes. Éstos se prestaron a un engaño multitudinario al Estado y ahora se enfrentarán a un juicio que puede costarles la expulsión de España.

En un goteo que, según fuentes del caso, continuará en las próximas semanas, a lo largo del verano agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena, de la Comisaría General y de la Brigada de Extranjería de Lorca han ido deteniendo a cuarenta implicados en la ‘Operación Alamillo’. A estos extranjeros se les acusa de simular relaciones laborales con la constructora. Pagaron de 100 a 500 euros para poder renovar la tarjeta de residencia, cobrar las prestaciones por desempleo o traerse a sus parientes más directos de su país natal por el procedimiento del reagrupamiento familiar.

Según fuentes de la investigación, los detenidos podrán ser enviados de vuelta a su país de origen si son condenados por la Justicia a una pena superior a un año de cárcel. Para el delito de falsedad documental, el Código Penal recoge un castigo de seis meses a tres años.

Los testimonios de varios falsos trabajadores recabados por los investigadores, a los que llamó la atención el elevado número de contrataciones en plena crisis y el hecho insólito de que muchos fueran a mujeres , permitieron detectar un ‘agujero’ de medio millón de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y de un millón a Empleo.

Cruzando datos con los inspectores de Empleo, la Policía constató la falta de actividad de la empresa entre los años 2007 y 2009 y desentrañó la madeja tejida durante ese periodo por el propietario de la mercantil, un español de 39 años, y su enlace entre la comunidad magrebí: un marroquí de 43 años. Este último tenía diversos antecedentes policiales por falsedad documental, el mismo delito que se imputa ahora al empresario junto con el de fraude a la Seguridad Social.

La Comisaría recordó que tras detectar «un incremento desmesurado» en la contratación de empleados y sobre todo de ‘albañilas’ – mujeres dedicadas a la construcción – en la citada empresa, que carecía de actividad tanto laboral como económica, ya que habían cesado todas sus operaciones mercantiles.

Pese a todo, en 2010 y 2011 se simuló la contratación de unos trescientos trabajadores, quienes eran dados de alta y, posteriormente, despedidos, tras cumplir el tiempo necesario para el acceso a las prestaciones por desempleo.

Esta empresa contrató a más de setenta mujeres , y se ha podido comprobar que unos cincuenta «falsos empleados» residían fuera de la provincia de Murcia, algunos en provincias tan distantes como Lugo, Álava, Cantabria o Gerona. Otra de las artimañas utilizadas era permitir el empadronamiento conjunto de varios trabajadores en algunos domicilios de la provincia de Murcia, si bien éstos realmente se encontraban fuera de la provincia, e incluso de España. El empresario cobró distintas cantidades de dinero a los extranjeros a cambio de mantenerlos de alta.