Treinta detenidos por falsificar contratos de trabajo para regularizar a inmigrantes

Diario Sur, SUR, 07-10-2012

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Málaga, en el transcurso de una investigación iniciada el pasado mes de mayo, han detenido hasta el momento en la capital a treinta personas – veintiocho son extranjeras y dos españolas – por su presunta relación con una empresa dedicada a falsificar contratos de trabajo. Las finalidades de esta actividad fraudulenta eran obtener regularizaciones administrativas en España de ciudadanos de distintos países, así como el beneficio en el cobro de las prestaciones sociales.

Los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de una empresa, domiciliada en Málaga capital, que en esos momentos estaba siendo gestionada por un asesor de nacionalidad española. Así, los investigadores que llevaban el caso sospechaban que, en connivencia con el que hacía las veces de responsable, un ciudadano marroquí, podrían estar regularizando de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros, según se relata en un comunicado difundido ayer por el Cuerpo Nacional de Policía.

A cambio de dinero o de trabajo, y sin respetar sus derechos laborales, estos extranjeros obtenían de la empresa una oferta laboral de un año de duración – requisito establecido para efectuar solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales en España – .

Las investigaciones realizadas por el Grupo II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Málaga permitieron el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y la detención de los mismos tras las comprobaciones oportunas.

Gestoría de la capital

Las líneas de investigación llevaron a las comprobaciones de más de un centenar de contratos de trabajo, que, a través de una gestoría afincada en la capital malagueña, habían sido enviados a la Tesorería de la Administración del Estado para que los trabajadores fuesen dados de alta.

La empresa investigada había contraído una deuda de 210.000 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Las indagaciones continúan abiertas hasta el total esclarecimiento de los hechos, apuntaron las fuentes citadas.

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