Hasta seis meses de retraso. Eso es lo que acumulan en las dependencias de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, dependiente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), un total de 744 expedientes de vecinos de toda la Región que solicitaron en sus respectivos ayuntamientos la Renta Básica de Inserción Social (RBI).

Lo hicieron en el mes de abril a través de las unidades de servicios sociales de los consistorios, para que una vez cumplimentada toda la documentación, los expedientes fuesen tramitados a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, donde tienen la última palabra para la concesión de estas ayudas. Algo que no ha ocurrido debido a que la asignación presupuestaria de la Renta Básica de Inserción Social está agotada. Para 2012 la RBI tenía una asignación de 4 millones de euros, igual que en 2011, pero el problema es que el número de demandantes en la Comunidad Autónoma ha aumentado un 50%.

Extremo que ha provocado que en el último trimestre del año en curso, la dirección general haya gastado el cien por cien de esta partida presupuestaria. Hasta la fecha se han registrado 2.618 solicitudes, de las cuales, actualmente existen 1.676 beneficiarios. El problema es que desde hace medio año aguardan otros 744 expedientes, pendientes de resolver, que se corresponden con unos 1.750 beneficiarios potenciales que tras cumplimentar toda la documentación, y ante la demora de la Administración regional, están empezando a llegar a situaciones límite en su economía familiar.

Sobre todo porque los demandantes son personas que ya han agotado el paro, los subsidios y el famoso Plan Prepara que enfrentó a PSOE y PP. La Renta Básica de Inserción es el último colchón económico que perciben colectivos en riesgo de exclusión social, principalmente inmigrantes con situación regularizada, población de etnia gitana y desempleados de larga duración.

La falta de respuesta a los demandantes está provocando que éstos, en ocasiones, carguen su desesperación contra los funcionarios de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dependiente del IMAS. El importe de la RBI oscila entre los 300 euros, para los beneficiarios sin cargas familiares, hasta llegar a un importe máximo de 682 euros en función de las cargas que tenga el demandante. De forma que éste percibirá 86 euros adicionales, en caso de contar con una persona a su cargo; 56 euros por la segunda y la tercera; así como 46 euros por las restantes. Esta renta también contempla 100 euros para material escolar, por cada menor de la unidad familiar.

Esta última ayuda, pese a que el curso escolar ya ha comenzado, tampoco ha sido entregada a los demandantes porque sus expedientes siguen sin resolverse.

«Cobrarán de una atacada»

El director general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, Juan Castaño, ha explicado que «los expedientes siguen sin resolverse porque el gasto comprometido para 2012 ya está cubierto y no hay disposición económica para hacer frente a nuevos solicitantes». No obstante, Castaño aclara que «se ha solicitado una transferencia de remanente de crédito para poder atenderlos».

La cifra ascendería a 1,5 millones de euros porque, según los cálculos de la dirección general, de los 744 expedientes atrasados, solo unos 500 se resolverán a favor de los solicitantes. Juan Castaño subraya que una vez se disponga de liquidez, «cobrarán las mensualidades atrasadas de una atacada» y la ayuda escolar llegará para el curso 2013 – 2014. Sobre los plazos para hacer efectivas estas ayudas, Castaño reconoce que «el cobro está asegurado pero depende del crédito. Lo que está claro es que quiero que sea lo antes posible». Un deseo que también comparten los solicitantes de esta renta salvavidas.