madrid. Los inmigrantes irregulares menores de 65 años pueden suscribir convenios para recibir asistencia sanitaria, con una contraprestación económica de 710,40 euros (59,20 euros al mes). Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). En ambos casos, no se cubrirán los medicamentos.

Así lo aseguró ayer el responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, tras finalizar el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han acordado los requisitos básicos de esas pólizas. La titular de Sanidad, Ana Mato, de forma inusual, no compareció para informar de los acuerdos adoptados al término de la reunión. Los convenios a los que ayer se dio luz verde no cubrirán la prestación farmacéutica, según aseguró Echániz. Además de los sin papeles, a los que se retiró la tarjeta sanitaria el pasado 1 de septiembre, pueden suscribirlos los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros (rentistas) y los europeos que voluntariamente quieran. Con ello, según explicó la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, se pone fin al llamado “turismo sanitario”. Los titulares de las pólizas podrán acceder a la cartera básica de servicios por el periodo de tiempo determinado en las mismas y su coste es similar al de un seguro privado de salud.

Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, aseguró que los inmigrantes sin papeles no necesitarán una póliza para poder acceder al sistema sanitario vasco y avisó de que la reducción del presupuesto del Ministerio de Sanidad no tendrá impacto en las comunidades autónomas.

Por otro lado, el consejero de Sanidad pidió ayer un “estudio independiente” que analice las repercusiones de la “contención del gasto” en la sanidad en la salud de los ciudadanos. Así se manifestó antes de participar en el Consejo Interterritorial de Salud que, entre otros asuntos, debate sobre la creación del organismo que se encargará de la actualización permanente de la cartera básica de servicios del sistema sanitario.

Asimismo, añadió que su Gobierno rechaza “el concepto copago” y las limitaciones a la atención a los inmigrantes porque no son solución para la sostenibilidad del sistema. Se refirió a otro de los puntos de la reunión, la composición de la Comisión de bioética, que consideró “bastante importante” para que haya “un cierto equilibrio” en la forma de pensar para futuras leyes sobre células madre o el aborto. En su opinión, se debe “repensar” cómo se está seleccionando a esas personas.