El consejero de Sanidad de Castilla y León, José Antonio Sáez Aguado, abogó ayer por que las comunidades autónomas armonicen sus criterios a la hora de aplicar las últimas medidas sanitarias, en concreto, la que hace referencia a la atención de los inmigrantes sin papeles. Así lo expuso en el Consejo Interterritorial de Salud que presidió en Madrid la ministra del ramo, Ana Mato. En él, se dio el visto bueno a la orden que regula la prestación sanitaria para extranjeros en situación irregular, que establece un pago mensual de 59 euros.

En concreto, la contraprestación económica a abonar, según informó el Ministerio de Sanidad, será de 710,40 euros al año hasta los 65 años y de 1.864,80 para los mayores de edad. No obstante, el Gobierno matizó que es una cuantía mínima que las comunidades podrán aumentar si así lo deciden, una posibilidad por la que no optará Castilla y León, confirmó el consejero. Sáez recordó que el Ministerio ha regulado materias relacionadas con la farmacia y el aseguramiento de acuerdo a sus competencias, que luego las comunidades han intentado adaptar con medidas «que a veces son parecidas, pero otras distintas», por lo que, a su juicio, «sería lógico intentar armonizar esto. Ponerlas sobre la mesa e intentar caminar todos en la misma dirección».
Sin problemas

El Consejo Interterritorial de Salud sirvió también para hacer balance del Real Decreto Ley de medidas de sostenibilidad aprobado en abril. En este sentido, según el consejero, se valoró los ahorros que han supuesto en la industria farmacéutica y gastos de medicamentos «sin que se haya percibido que nadie deje de acceder a los fármacos, tal y como se criticó en su momento». Otra de las materias a evaluar fue el aseguramiento de las personas extranjeras en el que, según Sáez, se ha visto «que no se ha planteado ningún problema en España», si bien es cierto añadió el consejero «que todavía no se ha planteado con todos sus efectos en todas las comunidades autónomas». Al respecto señaló que Castilla y León está ultimando las bases de datos «porque no queremos que se cometan errores derivados de la propia situación irregular de estas personas», y que en un breve periodo de tiempo contará con los datos definitivos para mandar las instrucciones a profesionales y gerencias. Los presupuestos destinados por el Ministerio de Sanidad a las comunidades también se coló en el Consejo Interterritorial. En este sentido el consejero reconoció que, aunque se recortan algunas transferencias finalistas, son para programas «muy especiales» que no llegan al 0,5 por ciento de las cuentas de la Consejería de Sanidad, por lo que consideró que el «impacto» no iba a ser importante.

Finalmente en Madrid se dio el visto bueno a la elaboración del libro blanco de las profesiones sanitarias, planteado previamente en la reunión de carácter informal que tuvo lugar en Valladolid, cuyo fin es sentar las bases del que será un documento más amplio donde se fije, entre otras cosas, la situación de los recursos humanos en cuanto a especialidades y la transición hacia nuevos modelos de desarrollo profesional y retributivo.