El Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a Ministerio y comunidades autónomas, dio ayer luz verde a los convenios especiales que deberán suscribir quienes carezcan de tarjeta sanitaria para poder acceder al sistema. Los ‘sin papeles’ y otros colectivos – ciudadanos europeos que quieran que les atienda la sanidad española sin estar regularizados – tendrán que pagar 710,40 euros anuales (o 1.864 si tienen más de 65 años). La póliza les permitirá beneficiarse de la atención sanitaria, pero no cubrirá los medicamentos.

Fue el responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla – La Mancha, José Ignacio Echániz, quien informó de este acuerdo tras finalizar el Consejo Interterritorial de Salud, ya que la ministra, Ana Mato, no compareció en rueda de prensa.

Además de los ‘sin papeles’ a los que se retiró la tarjeta sanitaria el pasado 1 de septiembre – unos 11.000 en la Región de Murcia – , pueden suscribir estos convenios los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros (rentistas sin derecho a tarjeta sanitaria) y los europeos que voluntariamente quieran.

La secretaria general del Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, explicó antes de la reunión que con este convenio especial se pone fin al llamado «turismo sanitario». El acuerdo es de mínimos, explicó por su parte José Ignacio Echániz, ya que las comunidades podrán establecer una cuota mayor si así lo deciden, pero nunca menor.

Agencias de Tecnologías

El Consejo Interterritorial acordó también ayer la creación de la Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que será la encargada de evaluar la nueva cartera básica de servicios. Este organismo será «una pieza clave» en la actualización permanente de esa cartera, para incluir los avances tecnológicos que hayan demostrado seguridad, eficacia y eficiencia, explicó el Ministerio en un comunicado.

Por otra parte, el Gobierno aprovechó la reunión para presentar a los consejeros autonómicos los presupuestos del Ministerio para 2013, unas cuentas «austeras» pero «comprometidas con las personas y las políticas sociales», subrayó Farjas.

Además, el Consejo designó seis vocales, en representación de las comunidades autónomas, en el Comité de Bioética. La consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, criticó los nombramientos por el perfil «conservador» y «acorde con la ideología del Gobierno» de los seleccionados.

Se acordó, asimismo, el sistema de identificación clínica de los casos especiales a los que se garantiza la asistencia sanitaria pública, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.