Un empresario de Orihuela logró, presuntamente, urdir una monumental estafa a las arcas públicas estatales gracias a una amplia red de colaboradores asentada en la comarca de la Vega Baja y en la Región de Murcia. En menos de cuatro años, Antonio G.M., supuestamente dio de alta a más de 700 personas en cinco sociedades mercantiles sin actividad real, únicamente para que pudieran cobrar indebidamente el subsidio del paro. También vendió contratos a 120 inmigrantes con la finalidad de que pudieran regularizar su situación en España.

La ‘Operación Grame’, desarrollada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la Policía Nacional, ha desactivado ahora ese engranaje delictivo con 75 detenciones y ha destapado un fraude de 1,6 millones de euros. Se trata del mayor golpe asestado en Alicante en los últimos años a las tramas criminales contra la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, antiguo INEM.

Los sospechosos están acusados de delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa, según informó ayer la comisaría provincial en un comunicado de prensa.

Los arrestos comenzaron a sucederse desde el pasado mes de febrero, cuando el Juzgado de Instrucción 2 de Orihuela dio cobertura a las pesquisas policiales centradas en las empresas ‘fantasmas’ de Antonio G.M.

En libertad provisional

El empresario quedó ayer en libertad provisional, aunque imputado por varios de los delitos enumerados, tras prestar declaración ante la juez de guardia de Orihuela, según indicaron a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de la Comunitat Valenciana. Como medida cautelar, deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados para estampar su firma.

Antonio G.M. controla cinco sociedades dadas de alta en el Registro Mercantil con diferentes objetos sociales. Entre ellas, según ha podido saber este diario, figuran algunas promotoras y constructoras y, sobre todo, Agrícola Grame, sociedad de importación y exportación de productos agrícolas y contratación de fincas para su explotación.

Es esa empresa la que da nombre a la operación policial desplegada por la Ucrif bajo la dirección del juez de Orihuela. Los agentes sostienen que las cinco mercantiles no eran más que una tapadera y fueron constituidas «con el único fin de permitir el acceso indebido a autorizaciones de trabajo y residencia de ciudadanos extranjeros y el disfrute de prestaciones públicas, mediante la simulación de contratación laboral».

Antonio G.M. registró «continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores» en la Seguridad Social durante los últimos años «sin abonar las correspondientes cuotas», señala el comunicado de la comisaría.

Supuestamente, reclutó en ese periodo a unos 120 ciudadanos extranjeros en Alicante y Murcia, la mayoría de ellos marroquíes, para venderles contratos de trabajo falsos y que pudieran así obtener los permisos de residencia y trabajo en España.

Asimismo, acordó con otros 700 trabajadores, tanto españoles como inmigrantes, darles de alta en la Seguridad Social para que pudieran acumular cotizaciones a fin de beneficiarse fraudulentamente de diferentes ayudas estatales por desempleo.

La deuda de 1,6 millones de esta trama con la Seguridad Social fue contraída a través de cuotas de alta de trabajadores no abonadas pese a que fueron dadas de alta en el sistema informático. La operación policial continúa abierta y no se descartan que el número de detenciones crezca en breve.