Madrid. La atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular está siendo desigual en función de la zona que se trate, según alertaban ayer al cumplirse un mes de la entrada en vigor del decreto que establece la retirada de la tarjeta sanitaria a este colectivo. El presidente Médicos del Mundo, Álvaro González, señalaba, que “la gran presión social y la divulgación mediática que se hizo con la campaña y otras movilizaciones sociales frente al Real Decreto” ha conseguido frenar su implantación. Según subrayó, el Gobierno español “sigue sin sacar la normativa” que permita regularizar esta aplicación y las Comunidades están planteando “diferentes escenarios y opciones”. “Apenas estamos detectando casos en los que no se esté viendo a los pacientes, aunque sí que nos consta que se está echando para atrás la renovación de tarjetas sanitarias”.

Mientras, el portavoz estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran estimó que el Real Decreto – Ley “ha roto un modelo” y que ahora las comunidades tienen que adoptar nuevas fórmulas “de manera acelerada y reinando en muchos casos la improvisación”. A su parecer, incluso aquellas que han optado por ofrecer la Sanidad a las personas inmigrantes irregulares han tenido que adoptar modelos que, “en algunos casos, crean confusión e inseguridad”. “La inseguridad es una tónica global en todo el Estado español”, aseveró.

En concreto, indicó que en el País Vasco no se está aplicando; que en Madrid se está atravesando la situación “más dura” porque sí se ha aplicado; y que en Nafarroa hay “confusión” ya que se ha aprobado un “convenido para solventar la no prestación de la sanidad a los irregulares”, bajo una “fórmula compleja”.

En opinión del presidente de la Federación de Asociaciones Rumanas en España (FEDROM), Miguel Fonda, las que han decidido que no van a aplicar la norma lo hacen “por razones, en unos casos de carácter presupuestario y en otros casos de carácter puramente preventivo, es decir, para evitar pandemias y todo tipo de infecciones y de situaciones poco controlables desde el punto de vista sanitario, pero ninguna por razones de solidaridad”. “En todo caso, de racionalidad, pero no de solidaridad”, matizaba.