El presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González, señala que “la gran presión social y la divulgación mediática que se hizo con la campaña y otras movilizaciones sociales frente al Real Decreto” ha conseguido frenar su implantación. Según subrayó, el Gobierno “sigue sin haber sacado la normativa” que permita regularizar esta aplicación y las comunidades autónomas están planteando “diferentes escenarios y opciones”.

Por ello, a juicio de González, hay “baja tensión”. “Apenas estamos detectando casos en los que no se esté viendo a los pacientes, aunque sí que nos consta que se está echando para atrás la renovación de tarjetas sanitarias”, añade.

Mientras, el portavoz estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiarán, cree que el Real Decreto – Ley “ha roto un modelo” y que ahora las comunidades autónomas tienen que adoptar nuevas fórmulas “de manera acelerada y reinando en muchos casos la improvisación”. A su juicio, incluso las regiones que optaron por ofrecer la Sanidad a las personas inmigrantes irregulares han tenido que adoptar modelos que, “en algunos casos, crean confusión e inseguridad”. “La inseguridad es una tónica global en todo el Estado español”, dijo.

En esta línea, la presidenta de América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), Yolanda Villavicencio, también incide en que Baleares empezó a aplicar la norma “muchísimo antes de septiembre” y en que este hecho ha creado “mucha alarma dentro de la población inmigrante”.

En opinión del presidente de la Federación de Asociaciones Rumanas en España (FEDROM), Miguel Fonda, las comunidades que han decidido que no van a aplicar la norma lo hacen “por razones, en unos casos de carácter presupuestario y en otros casos de carácter puramente preventivo, es decir, para evitar pandemias y todo tipo de infecciones y de situaciones poco controlables desde el punto de vista sanitario, pero ninguna por razones de solidaridad”. “En todo caso, de racionalidad, pero no de solidaridad”, matiza.

Por su parte, el portavoz de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (FENADEE), Santiago Morales, defiende que se podrá hacer una “valoración total” del Real Decreto – Ley cuando lleve un año vigente, pues “ahí se van a ver las consecuencias negativas de esa decisión política y la necesidad de los inmigrantes de contar con ese acceso a la salud”.