E l amor no tiene edad, ni nacionalidad, ni credo, ni religión. Todas esas premisas, inspiradas por una idea romántica del sentimiento que, según dicen, mueve el mundo, pueden ser ciertas, pero en modo alguno resumen las características de las relaciones de afectividad entre dos personas reguladas por el contrato legal más viejo del mundo: el matrimonio. Según datos de la Policía Nacional, más de medio centenar de ciudadanos han sido detenidos en el último lustro en la provincia por organiza centenares de bodas de conveniencia.

Solución rápida y más o menos fácil para obtener la residencia legal en España para miles de ‘sin papeles’, posibilidad de ganar un dinero fácil para oriundos que atraviesan apuros económicos, este fenómeno social está a la orden del día. A oídos de todos han llegado historias de conocidos que se casan con extranjeros por razones de todo tipo, razones siempre ajenas al amor, no siempre económicas, también por amistad o solidaridad. El hecho en sí es ilegal, pero no delictivo. Sin embargo, detrás de las también llamadas ‘bodas blancas’ aflora un negocio importantes cantidades de dinero cada año. En ocasiones, entran en escena organizaciones criminales perfectamente engrasadas dedicadas a la falsificación de documentos, la estafa y el favorecimiento de la inmigración ilegal. «Es imposible saber el número de matrimonios fraudulentos existentes en la provincia, puesto que no son delito y como consecuencia de ello no los investigamos», afirman desde la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la Policía Nacional, el grupo de las fuerzas de seguridad especializadas en estas pesquisas. Solo en el año 2008, la Fiscalía paralizó en España con sus recursos más de un millar de matrimonios al considerar que eran un fraude. Hasta un jugador de baloncesto del actual Baskonia, Will McDonald, fue acusado de desposarse con una española únicamente para obtener la nacionalidad del país de acogida. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya cifraba entonces en más de 16.000 el número de inmigrantes que no convivía con su mujer o su marido españoles.

La Ucrif tiene contabilizados 34 detenciones por estos hechos entre 2010 y 2011, siete el primer año (cinco ciudadanos españoles, un nigeriano y un colombiano) y 27 el segundo, de los que 25 eran españoles y dos, nigerianos.

En 2010, los agentes de la Ucrif de Alicante participaron en la desarticulación de dos redes que amañaban bodas, una compuesta por nigerianos y españoles con base en Madrid y otra de paquistaníes y españoles asentada en Valencia.

Esta unidad recuerda que solo investiga los matrimonios que suponen una actividad delictiva «en sus dos vertientes posibles: bien por constituir un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, bien porque haya documentación falsa en los expedientes».

No obstante, los ejemplos se dan a con frecuencia. Como no existe un protocolo definido, el que se cuelen o no fraudes conyugales depende muchas veces de la pericia con la que los interesados preparen la engañifa o del mayor o menor celo de funcionarios y jueces adscritos a los registros civiles.

Este diario ha tenido acceso a una resolución dictada en noviembre del pasado año por la responsable del Registro Civil de Novelda donde denegaba el matrimonio de una pareja, dominicana ella, de Pinoso él, al sospechar que había ‘gato encerrado’.

«El matrimonio es un derecho sagrado y nosotros solo actuamos cuando el fraude es muy claro. Realizamos una audiencia reservada a fin de detectar contradicciones en cuestiones personales», señala Andrés Martínez, uno de los secretarios de los registros civiles de Alicante.

Las operaciones policiales desplegadas para atajar estas estafas al Estado han constatado varias pautas comunes en la actuación de los grupos especializados en el amaño de bodas. Abundan, por ejemplo, los inmigrantes de origen paquistaní, nigeriano, indio o bengalí que recurren a las organizaciones delictivas para casarse con una española y poder vivir y trabajar legalmente aquí.

Son más las mujeres que los hombres que optan por esta vía entre los contrayentes españoles, y de este último grupo merecen una mención destacada las ciudadanas de etnia gitana de barrios marginales enclavados en ciudades como Alicante o Elche.

En 2006, el sociólogo alicantino Carlos Gómez – Gil ya advertía de que «cuanto más difícil es para un inmigrante acceder a los papeles, más formas se inventan para lograrlos», y uno de esos caminos es el matrimonio de complacencia, al que se llega muchas veces a través de Internet.

En marzo de 2008, la entonces responsable del único Registro Civil de Alicante, Virtudes López, detectaba una trama de bodas blancas que había utilizado documentos religiosos, firmas y sellos parroquiales, falsificados. Los expedientes afectaban a las iglesias de San Blas y Nuestra Señora del Carmen y se referían a enlaces de cuatro ciudadanos indios y uno bengalí con mujeres gitanas de la Zona Norte de la capital.

Los hechos motivaron que el Obispado remitiera a la magistrada un listado con los certificados de bodas religiosas de este tipo que habían celebrado en los últimos años.

Ese mismo año, pero en noviembre, se supo que una parroquia de Elche ubicada en el humilde barrio de Los Palmerales había servido como canal para el presunto amaño de centenares de matrimonios fraudulentos, tras una operación policial en la que se registraron una veintena de detenciones. Esa organización operaba tanto en la provincia de Alicante como en Murcia.