donostia. Es bien sabido que en tiempos de crisis tan aguda como la actual es difícil mantener lo que se dice públicamente, porque con frecuencia los cambios nos vienen dados con inusitada velocidad. En los anuncios que desde el Gobierno central se han hecho en Sanidad hay una amalgama de amagos y de recortes, de desdecir lo dicho, de intentar tapar, de hacer como que se ha dicho lo que no se quería decir… Y a cada una de estas acciones desde el Gobierno Vasco se ha respondido también con idas, vueltas y revueltas, de modo que la ciudadanía en general, y los inmigrantes en particular no tienen muy claro si cuando el consejero Rafael Bengoa y su equipo dicen que no cumplirá la normativa de los recortes sanitarios de Madrid se está refiriendo a la de esta semana, a la de hace 15 días o a cualquier otra. De modo que el Departamento de Sanidad desde hace meses nos viene acostumbrando al “donde dije digo, digo Diego”.

Ayer fue el viceconsejero de Sanidad, Jesús M ª Fernández quien, en una entrevista a la agencia Efe, se desdijo de lo anunciado hasta ahora por el Gobierno Vasco. Fernández adelantó que las personas inmigrantes que lleven menos de un año empadronadas en Euskadi deberán acreditar arraigo social o laboral en el País Vasco para tener reconocido el derecho a la asistencia sanitaria por parte de Osakidetza. En esta línea, aseguró que en el Servicio Vasco de Salud han establecido un mecanismo interno para evitar que haya extranjeros con enfermedades graves que se trasladen a la CAV porque han sido rechazados en otras comunidades limítrofes.

Aunque los médicos vascos seguirán atendiendo a sus pacientes tengan o no papeles, y pese a que el Gobierno de López dice no aplicar el decreto del Gobierno central que eliminó de un plumazo el derecho de asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, desde SOS Racismo mostraron ayer su preocupación por los nuevos requisitos que se les impone a los extranjeros sin papeles en Euskadi hay unos 15.000 para ser atendidos en Osakidetza.

nuevos requisitos Brígida Ridruejo, portavoz de la organización, ya denunció a finales de agosto que el decreto vasco, publicado en junio y que regula el régimen de prestaciones sanitarios en Euskadi, incluía la exigencia de un año de empadronamiento a aquellos inmigrantes ilegales que no tuvieran la tarjeta sanitaria. “Este requisito deja fuera de las prestaciones sanitarias a un gran número de extranjeros”. “Además, ¿quiénes acreditan el arraigo social? Los que tienen el carné de una biblioteca, a los que están en Facebook”, se pregunta en voz alta.

La negativa por parte de Osakidetza a aplicar los recortes, tal y como les indicaban desde el ministerio de la popular Ana Mato, fue recurrida ante los tribunales y todavía está pendiente de resolver.

Entre tanto, el Departamento de Sanidad de Rafael Bengoa, tras los últimos rifirrafes electoralistas con el Ministerio de Sanidad, volvió a asegurar ayer, a través del viceconsejero, que ha adoptado una serie de medidas para seguir prestando la asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes en las mismas condiciones que hasta ahora, pero sin que se produzca el efecto llamada por la pérdida del derecho en otras zonas que sí aplican los ajustes. “La voluntad del Gobierno Vasco es la de prestar asistencia a todas las personas inmigrantes estén o no en situación irregular”, subrayó Fernández, quien se refirió a los extranjeros que llevan menos de un año empadronados en Euskadi, a los que hasta ahora se les daba una tarjeta sanitaria provisional, y explicó que, puesto que Osakidetza no puede emitir tarjetas sanitarias nuevas, lo que va a hacer es emitir documentos que reconocen el derecho a la asistencia.

Serán reconocimientos “temporales y revisables”, hasta cumplir el año de empadronamiento, y estarán sujetos a una comprobación del arraigo laboral o social de la persona que solicita asistencia sanitaria en Euskadi. El objetivo, según Fernández, es garantizar que quienes vienen a Euskadi no lo hacen solo porque son enfermos con enfermedades graves rechazados en otras comunidades.

globo sonda “Esto no es lo prometido. Se vendió la idea de que iban a ser insumisos con los recortes del Gobierno central y que se atendería a los extranjeros irregulares sin ningún tipo de restricción”, subraya el doctor Javier Gil, voluntario de Medicus Mundi. “Lo del arraigo social suena a globo sonda para que los inmigrantes de otras zonas del Estado no se animen a venir aquí. Sin embargo, lo que deben de primar son criterios de atención humanitaria y de solidaridad con el prójimo. Desde el punto de vista médico tenemos que tener a los pacientes, irregulares o no, controlados y dejarles sin médico de cabecera repercute negativamente incluso en el coste-beneficio”, apostilla.

A la portavoz de SOS Racismo, el argumento del efecto llamada le suena a excusa. ¿Por qué? “Hace años cuando Euskadi era la única comunidad que tenía la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) éramos de las poblaciones con menor número de inmigrantes . Este colectivo es el que menos tiempo está en los servicios sociales; se mueven según el trabajo. Aunque desde el Gobierno Vasco decían que no se iba a recortar la Sanidad, sabíamos que había algo raro. Hay personas que ya antes del decreto les decían que no les iban a dar la tarjeta sanitaria”, remacha.