Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sindicatos y asociaciones han recordado hoy la necesidad de tomar conciencia sobre el problema y la necesidad de que haya cambios en los procedimientos para mejorar la identificación de las víctimas de trata y evitar que sus casos sean tramitados como inmigrantes irregulares.

Este es el caso del Defensor del Pueblo que en su informe “La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles”, la institución constata que los mecanismos para la detección de las víctimas o de las potenciales víctimas de trata “no está funcionando adecuadamente”, y reclama que se regule la mayor participación de las ONG en estos procesos y en la asistencia a estas personas.

Esta semana la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con motivo del Día Internacional en contra de la explotación y el tráfico de mujeres que hoy se conmemora en todo el mundo, presentaba el estudio, que se lleva elaborando dos años, y subrayaba el hecho de que hay lagunas en este terreno.

“Hay lagunas y hay posibilidad de remediar esas lagunas, tanto legislativas como de procedimiento, como en los aspectos de acogida; creemos que se pueden mejorar, que estamos en el camino adecuado y vamos a seguir trabajando en ello”, opinaba.

Por su parte, UGT ha pedido hoy un plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

El sindicato, que opina que hay “despreocupación” por parte del Gobierno sobre este asunto, considera que es necesario dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de “criterios técnicos y humanos” para detectar las situaciones de explotación laboral, una protección “eficaz” de las víctimas de explotación sexual y laboral y adoptar medidas para acabar con la tolerancia social.

Para la organización Médicos del Mundo, la atención sanitaria es una de las vías por las que se detecta a posibles víctimas de trata y, en su opinión, con la reciente reforma sanitaria “se está limitando” la atención a las mismas.

Además rechaza cualquier medida que suponga la penalización de las personas en situación de prostitución al entender que se atenta contra los derechos humanos.

Por último, reafirma su lucha contra todas las formas de explotación sexual y de la trata e insta al Gobierno a “redoblar” sus esfuerzos para su erradicación.