La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró que comprende que algunos ayuntamientos hayan acordado medidas sobre el ejercicio de la prostitución en las calles de las ciudades.

Al ser requerida su opinión sobre la legalización de la prostitución y sobre las ordenanzas municipales de algunos ayuntamientos que prohíben esa actividad y sancionan a clientes y prostitutas, Becerril destacó que “la prioridad es la atención a las víctimas”.

“Es un debate histórico, que viene desde los tiempos de la antigüedad, de Grecia y Roma, y que no se ha solucionado nunca a satisfacción general”, dijo la Defensora, durante la presentación del informe “La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles”.

Para la Defensora, “en la España actual y en la UE, el Estado de derecho lo primero que tiene que hacer es atender a estas víctimas y considerarlas como víctimas o posibles víctimas, de explotación, laboral, sexual, de engaño y de fraude”.

“Primero hay que considerarlas como tal, intentar ayudarlas, y entiendo que los ayuntamientos tomen algunas medidas para que estas actividades tengan unas limitaciones en su desarrollo, en lugares públicos, en colegios o en lugares de mucho tránsito”, opinó.