Etxebarri. La familia que desde abril de 2010 está enfrentada a las dos hermanas que regentan el bar La Frontera, de Etxebarri, tiene fecha límite para abandonar el piso que ocupa en el número 8 de la calle Lezama Leguizamón. Y es que el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao ha decidido que deben abandonar el inmueble antes del 12 de noviembre. Esta resolución llega tras la denuncia que interpuso contra la familia proveniente de Basauri el propietario del edificio – consta del bar y la residencia de las hermanas, además del piso alquilado a la familia – . El juez también obliga al Ayuntamiento de Basauri a pagar al dueño del inmueble 4.955 euros por “incumplimiento de contrato”, ya que desde el mes de abril el Consistorio no ha pagado el alquiler de esta familia.

La familia de etnia gitana afincada en este piso estaba integrada en un principio por siete personas: un matrimonio y sus cinco hijos. Ellos residían en una casa en San Miguel en una zona que espera a ser regenerada con viviendas de protección oficial. Como su piso estaba en malas condiciones, la anterior alcaldesa de Basauri, Loly de Juan, les realojó en su actual hogar en Etxebarri, donde les pagaba el alquiler.

Desde su llegada, las denuncias y las trifulcas no han dejado de sucederse. De hecho, suman más de 200 intervenciones de la Policía Municipal de Etxebarri y de la Ertzain – tza con los miembros de esta familia implicados. El clima se ha vuelto tan violento que los propios cuerpos de seguridad han emitido un informe sobre la peligrosidad de la situación y el riesgo para la seguridad de las personas que supone mantener a esta familia en la casa.

Para el Ayuntamiento de Basauri, la anterior alcaldesa actuó “de forma arbitraria” al firmar el convenio, ya que “no es responsabilidad de un Ayuntamiento facilitar una vivienda a un vecino que mantiene su piso en malas condiciones”. Por ello, se alegran de la sentencia que estudian recurrir “si ello no conlleva demorar la salida de esta familia de allí”, dicen.

A partir del 12 de noviembre, la familia tendrá dos opciones: o volver a ocupar su vivienda de San Miguel y esperar a un futuro realojo en la promoción que se levante o aceptar una indemnización por renunciar a su casa y no volver.