Algunas de las intervinientes en las jornadas sobre prostitución charlando en un receso. :: EDU BOTELLA/ AGM

En lo que va de año la Policía Nacional ya ha desarticulado nueve grupos organizados en la Región – y detenido a 27 personas – que se dedicaban presuntamente a explotar sexualmente a mujeres . La prostitución y la trata de féminas es una realidad que diversas asociaciones de mujeres quisieron ayer poner sobre la mesa en las jornadas ‘La impunidad en materia de prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual’. Patricia Fernández Olalla, fiscal adscrita al área de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, celebró ayer que el Ministerio Público haya pedido en su memoria de este año una legislación específica para prohibir «cualquier comercio o negocio sexual» que no gestione directamente la prostituta a fin de reforzar la lucha contra la trata de mujeres .

Fernández Olalla explicó ayer, durante su intervención en estas jornadas, que «en España hemos avanzado en la lucha contra la trata, pero en prostitución nos hemos quedado atrás». Respecto a la lucha contra la explotación sexual, la fiscal se mostró partidaria de adoptar medidas cautelares como la prisión preventiva, las órdenes de alejamiento e, incluso, el cierre de los clubes. «Muchísimas investigaciones fracasan porque no se han tomado medidas cautelares», recalcó.

Además, Fernández Olalla explicó que la legislación española «sigue haciendo depender el juicio de las víctimas», recalcando que no siempre es fácil contar con el testimonio de éstas. «Algunos casos caen en el vacío», lamentó. En estas jornadas también intervino la fiscal de Extranjería en Murcia, Candela Martínez, quien desgranó el Código Penal que se aplica actualmente en esta materia.

El inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional en Murcia, Victoriano Martínez, lamentó los «vacíos» que existen en la protección de los testigos protegidos y echó en falta un protocolo de actuación judicial en este sentido.