En Vitoria nadie se queda sin un plato de comida caliente. No es una frase hecha. La ciudad tiene recursos sociales a los que puede recurrir cualquiera que se vea en la calle y con hambre. El comedor de Desamparados es en este sentido un referente. Lleva décadas llenando el estómago de quienes no tienen nada y en los últimos años, desde que empezó lo peor de la crisis en 2009, ha redoblado sus esfuerzos. Sus usuarios llegan allí con una autorización de los diferentes servicios sociales de la ciudad y comen y cenan.

En 2008 se dispensaban 95 menús diarios y con la irrupción de la recesión en Vitoria al año siguiente hubo que hacer hueco para atender a 231 comensales. En 2010 ya eran 255 y el pasado ejercicio la cifra se disparó hasta las 404 comidas por jornada. ¿Qué estaba ocurriendo? Con el presupuesto de 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Vitoria tenía destinado al comedor no llegaba y hubo que habilitar una partida extra de 400.000 euros.

Este año, sin embargo, el trabajo en sus cocinas se ha sosegado. Se ha vuelto a la cifra de las 226 comidas diarias. La concejala de Asuntos Sociales, la popular Ainhoa Domaica, desgrana para EL CORREO algunas de las razones que explican este descenso. A su juicio, la principal es la crisis. «El desempleo es cada vez mayor y la situación es muy complicada para quienes viven en situación irregular. Se han dado cuenta de que no hay expectativas laborales y se han ido», reflexiona la edil. El perfil del usuario del comedor de Desamparados es el de un hombre solo, de origen extranjero – sobre todo magrebí o pakistaní – y de entre 24 y 50 años, detalla. Las familias en apuros tienen otros recursos.

Requisitos más duros

Domaica destaca también otra razón de este reajuste. Hay un antes y un después de la reforma de los requisitos para acceder la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que afecta a los comedores sociales. «Antes bastaba con estar empadronado un año en la ciudad para recibirla y quienes la pedían aguantaban como podían unos meses con los vales del comedor social. Pero ahora necesitan tres años de empadronamiento o haber cotizado cinco a la Seguridad Social y así es más difícil aguantar», resume.

La responsable municipal de Asuntos Sociales también cree que los nuevos controles de acceso al comedor mediante tarjeta electrónica también han contribuido a persuadir a algunas personas que quizá no hacían un buen uso de los pases. «Era un sistema de acceso del siglo pasado, con vales de papel sin foto ni nada e imposible de comprobar. De esta manera queda claro que quien entra es porque lo necesita».

El resultado es que pese a tener presupuestados 1,4 millones de euros, en lo que va de año apenas se ha gastado medio millón de euros. «Confiamos en que las cosas mejoren y cada vez sean menos las personas que tienen que hacer uso de este tipo de servicios», zanjó Domaica.