La situación de insalubridad que presenta el viejo cuartel militar de Bonrepòs i Mirambell, donde se encuentra el mayor asentamiento ilegal de la provincias de Valencia, ya ha abierto un informe de salud pública.

Ayer, varios técnicos de la Conselleria de Sanidad, acompañados por el médico titular de la población, analizaron el estado que presenta el recinto privado en el que malviven más de 120 personas, algunas de ellas menores, y que en los últimos meses se ha transformado en un enorme contenedor de basura y escombros.

Entre las antiguas y escasas construcciones que, de momento, permanecen de pie porque todavía no han sido desmanteladas, se acumulan verdaderas montañas de desechos. Restos de comida, plásticos, ropa, muebles y todo tipo de elementos constructivos, incluidas planchas de amianto, comparten existencia con familias e inmigrantes sin trabajo y sin papeles.

Este vertedero ‘urbano’, situado en la entrada de la población y a escasos metros de casas y empresas, trae de cabeza al Ayuntamiento que sigue a expensas de que una resolución judicial autorice el desalojo.

El alcalde Fernando Traver tacha de «insostenible» una situación que dura en el tiempo casi una década pero que ha empeorado a ojos vista, en los últimos meses, con el desmantelamiento de las escasas construcciones que quedan en pie y la situación crítica de las personas que ocupan la parcela.

Ronda para pedir ayuda

Por ello, ha pedido la elaboración de un informe al departamento de Salud Pública de la Conselleria para conocer «con exactitud los riesgos para la salud que están corriendo no sólo estas personas sino también los propios vecinos. Estamos esperando una resolución judicial pero lo que no podemos es cruzarnos de brazos. Hay que buscar ya una solución factible».

Una vez se tengan los resultados de este informe, el alcalde se reunirá con oenegés, entidades y la dirección territorial de Inmigración para buscar «una solución o alternativas que permita desbloquear esta situación».

El problema es que los propietarios de la parcela «no pueden acceder a ella para hacerse cargo de su mantenimiento, porque está ocupada, pero el Ayuntamiento tiene también la responsabilidad de lo que ocurra y no podemos permanecer sin hacer nada».

Por si no fuera bastante, en el viejo cuartel militar se ha detectado otro problema pero, esta vez, en las palmeras. Un agresivo foco de picudo está atacando los ejemplares centenarios por lo que el Ayuntamiento ha firmado un convenio con una empresa especializada que utiliza perros adiestrados para detectar el insecto. La actuación en la zona comenzará dentro de unos días, lo que obligará a instalar un perímetro de seguridad.