La regulación de la asistencia sanitaria
a los inmigrantes en situación
irregular, también llamados sin papeles,
ha sido el foco de polémica en
torno a la reforma sanitaria. El último
episodio ha surgido de la propuesta
de atender a aquellos con enfermedad
crónica y cobrar después
a los países de origen.
Esta iniciativa la anunció ayer el
director general de la Cartera Básica
de Servicios del Sistema Nacional
de Salud y Farmacia, Agustín
Rivero, en declaraciones a Radio
Nacional. El portavoz de Sanidad
explicó que, una vez se les haya
atendido, se enviará la factura al
país de origen «por la asistencia
que se le ha prestado aquí». En caso
de que no exista convenio bilateral
con el país de origen, el enfermo
será atendido por el médico y
después se determinará quién es el
que financia esa asistencia o tratamiento,
según explicó Rivero. En
esa situación, Rivero explicó que el
médico «no se va a fijar en si hay
un convenio de colaboración y bilateral
», sino que se fijará en «si es
vital y urgente, si hay que tratar a
ese paciente».
Este anuncio fue calificado de
«náusea y estupidez» por el portavoz
de IU en la Comisión de Sanidad
del Congreso de los Diputados,
Gaspar Llamazares, en su cuenta
personal de Twitter. Por otro lado, el
secretario general de la Sociedad
Españolas de Medicina de Familia y
Comunitaria (SEMFYC), Salvador
Tranche, calificaba la decisión de
«excelente», según Europa Press.
La situación de los inmigrantes
sin papeles ha sido foco de controversia
desde que el domingo entrara
en vigor el real decreto que regula
la condición de asegurado y beneficiario
de la sanidad pública. Este
establece la figura de un convenio
especial para los no asegurados o
beneficiarios que consiste en el pago
de una contraprestación para acceder
a la prestación sanitaria.
El martes, dos días después, el
Ministerio de Sanidad aclaraba
quiénes podrían suscribirse a tales
convenios, entre los que se encuentran
los «nacionales de terceros países
que, durante su estancia en España,
quieran formalizar el convenio
para ser atendidos por el
sistema público». Ese mismo texto,
redunda en «la necesidad de que regularicen
su situación» los inmigrantes
irregulares. Y es que el 31
de agosto es su fecha límite para acceder
a la sanidad pública.
Diversos agentes sociales han
mostrado su rechazo a tal medida.
Entre ellos, la defensora del Paciente,
Carmen Flores, remitió una carta
a la defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, pidiéndole que la impida
al considerar que supondrá un
mayor colapso en Urgencias.