El Gobierno ejecutó ayer un histórico cambio de modelo sanitario, que ya no garantizará la atención a cualquier ciudadano, sino al que ostente la condición de «asegurado».

En esas comillas se incluye una ingente cantidad de personas: los españoles, los extranjeros regularizados y sus parejas, ex parejas y descendencia, los menores de 26 años, los parados… Sin embargo, fuera de esa palabra mágica y entrecomillada vivirán, sanas o enfermas, miles de personas. Y es que, con la aprobación de la norma que regula el Real Decreto 16/2012, el Consejo de Ministros declaró ayer excluidos de la cobertura médica pública a los sin papeles, una población que hasta ahora tenía derecho a la tarjeta sanitaria y acceso a tratamiento.

Oficialmente, los inmigrantes no regularizados dejarán de existir para el sistema a partir del 1 de septiembre, pero ya se están dando casos de centros de salud que no gestionan tratamientos.

Tampoco contarán con el distintivo de «asegurado» los dependientes que no trabajen, sean mayores de 26 años y tengan una discapacidad inferior al 65%. Los colectivos del sector habían pedido al Gobierno que el límite se rebajase al 33%, pero no lo han conseguido. Luis Cayo, presidente del Cermi, cuenta que la legislación específica (de 1982) que protege a estas personas de modo particular no ha sido derogada, pero que, aun así, reclamó al Gobierno que figurase expresamente en el decreto para «dar seguridad jurídica plena y evitar interpretaciones». En conversación con este periódico, Cayo recordó el informe del Consejo de Estado, que pidió al Gobierno que incorporase «expresamente» en el Real Decreto esa petición del Cermi. «Habrá que ver el texto final. No habría justificación para eludir el criterio del Consejo de Estado».