TERESA LÓPEZ PAVÓN / Sevilla
Las hipotecas, los desahucios y la
estafa de las ‘preferentes’ han llenado
en el último año el buzón de
correo de la Defensoría del Pueblo,
una institución que le pone rostro
cada día a la crisis y a los recortes
y que desde primeros del mes de
agosto preside una mujer, la ex ministra,
ex alcaldesa y ex diputada
Soledad Becerril con extensa raigambre
en la política andaluza y
sevillana.
P.– ¿Es el Defensor del Pueblo
una institución bien dimensionada
teniendo en cuenta los reajustes a
los que está siendo sometida la administración
en su conjunto?
R.– En la Administración siempre
cabe ajustar un poco más. Por eso,
con un presupuesto, el de 2012, ya
en plena ejecución, desde que yo he
llegado se ha reducido la flota de coches
oficiales de seis a tres, se han
eliminado los obsequios institucionales,
se ha eliminado el departamento
de protocolo, se ha acabado
también con las dietas de desplazamiento
para los técnicos y tampoco
se van a encargar nuevos estudios a
organismos externos… Es decir, hemos
conseguido un ahorro del 2,7
por ciento, y para 2013 esperamos
ajustar el presupuesto un 6% más.
El compromiso de reducción del déficit
nos atañe a todos.
P.– Se lo pregunto porque, quienes
reclaman un proceso de centralización,
cuestionan la proliferación
en las comunidades autónomas de
‘oficinas del defensor’. ¿Podría su
oficina asumir, con los medios de
que dispone, el trabajo de los ‘defensores
autonómicos’?
R.– Claro que sí. Sería perfectamente
abordable. Habría que hacer
un esfuerzo, pero un esfuerzo asumible.
Y por una razón sencilla: en
la Administración casi siempre hay
margen para engrasar mejor la
maquinaria, agitarla de manera
que sea más efectiva. Hoy por
hoy, el 75 por ciento de las quejas
que recibe el Defensor llegan
a través de internet, y eso permite
aliviar mucho la burocracia de
los procesos pero también centralizarlos.
Otra cosa es que hay
comunidades autónomas que
han incorporado a sus Estatutos
la figura del Defensor y no soy
quién para decidir por ellas. Pero
sí sería viable evitar las duplicidades
y a ello deberíamos
orientar nuestro trabajo. De hecho,
uno de los asuntos que he
tratado con el Defensor del Pueblo
Andaluz es la necesidad de
establecer agendas compartidas
para que se puedan abordar determinados
estudios en paralelo
de forma que los resultados sean
globales. No tiene sentido que, si
hacemos un trabajo sobre centros
de menores o centros de
acogida, cada oficina vaya por su
lado.
P.– En los ocho primeros meses
del año se ha superado ya el
número de quejas recibidas en
todo 2011. ¿En qué medida está
la crisis detrás de ese aluvión?
R.– En gran medida, sin duda,
hay un efecto derivado de la reducción
de prestaciones y servicios
públicos. Las quejas tienen
relación, sobre todo, con retrasos
en las prestaciones sociales y sanitarias.
Muy especialmente se
ha notado también un aumento
de las quejas hacia los bancos y
cajas de ahorros, en relación al
enorme problema, por ejemplo,
de las acciones preferentes. Ha
aumentado también el número
de recomendaciones que se han
remitido al Gobierno y al resto
de las administraciones públicas.
La prueba está en que, de alguna
forma, esas recomendaciones han
sido asumidas en parte en las medidas
anunciadas.
P.– ¿También los bancos han sido
receptivos a esas recomendaciones?
R.– Bueno, aunque el problema es
muy complejo, hay entidades que de
alguna forma están alcanzando
acuerdos con los afectados, sobre todo
en aquellos casos en los que ha
habido una clara desinformación o
un engaño, en definitiva, a los ahorradores.
P.– ¿Algunas de esas recomendaciones
afectan al último decreto de
Sanidad que limita el acceso a la
atención primaria a los inmigrantes
ilegales?
R.– Sí. Finalmente no se nos admitió
el recurso de inconstitucionalidad
[los servicios jurídicos del Defensor
del Pueblo no vieron suficientes
fundamentos para plantear el recurso],
pero sí se le han hecho
varias recomendaciones al Ministerio
de Sanidad para que se garanticen
las prestaciones básicas y elementales
para los pacientes crónicos,
los enfermos graves y para el
transporte gratuito de las personas
que estén en tratamiento. En este
asunto también las comunidades autónomas
están poniendo de su parte,
demanera que yo espero que, al
final, no se quede nadie sin asistencia,
con independencia de su situación
legal o no legal.
P.– Pero dejar en manos de las comunidades
la atención que elMinisterio
ha retirado, está dando lugar ya
a que el trato y las prestaciones sean
diferentes en función de donde se viva.
¿No es eso justo lo que el Ministerio
de Sanidad anunció que intentaría
evitar?
R.– Acepto y admito que es posible
que eso esté ocurriendo y, por
tanto, tal vez haya que volver sobre
estamateria.
P.– Haya que volver, ¿en qué sentido?
R.– Pues que haya que replantearse
algunos aspectos de esta materia.
No lo descarto, no. No lo descarto.
P.–¿ElMinisterio de Sanidad tiene
intención de atender esas recomendaciones,
de volver a
replantearse el decreto?
R.– Sí, sí. Amí elMinisterio
de Sanidad me ha garantizado
que no quedará ninguna
persona sin prestación,
sin atención. Me lo ha dicho
la propia ministra. Y desde el
Defensor estaremos vigilantes,
porque ésa es mi función
ahora y no otra.
P.– ¿Ha habido también un
repunte de las quejas por los
recortes en Educación?
R.– Creo que, de producirse
las quejas derivadas de
esos recortes, éstas comenzarán
a llegar a partir de
ahora, una vez que arranque
este curso escolar.
P.- ¿Qué opina de la decisión
de la Fiscalía de recurrir
la libertad del terrorista etarra
Bolinaga?
R.– Estamos hablando de
uno de los asesinos más
sanguinarios que hemos tenido
en España y no puedo
más que reiterar lo que ya
he dicho: que se cumpla la
ley. Y no debo ir más allá,
sobre todo cuando hay un
procedimiento judicial en
marcha. La Defensoría está
obligada a suspender cualquier
acción o decisión
cuando se inicia un proceso
judicial, para no interferir.
Por eso no voy a tocar más
esa materia. Ni lo puedo hacer
por escrito ni lo voy a
hacer verbalmente.
P.– ¿Qué le han transmitido
las asociaciones de familiares
y víctimas del terrorismo?
R.– En el mismo mes de
agosto me he reunido ya con
varias asociaciones y también
con la Oficina de Apoyo
a las Víctimas, y desde luego para la
Defensoría su atención va a ser
siempre una prioridad. Entre las familias
hay muchas personas con
menos acceso a la información que,
por lo tanto, se sienten más desamparadas.
Quiero pedirle al Gobierno
que refuerce esa oficina de apoyo
para que los familiares tengan siempre
conocimiento del momento en
que se encuentran los procesos judiciales
que afectan a sus familiares.
Han de saber, por ejemplo, si las personas
que asesinaron a sus familiares
están a punto de salir de la cárcel.
Porque tienen que saber si se lo
van a encontrar en la calle o no.
P.– Usted acusó a los jornaleros
del SAT de violencia contra la mujer
por el trato dispensado a las
cajeras de un supermercado ‘asaltado’.
¿Cree que hay que volver a
definir el término, tal vez en la
misma Ley de Violencia contra la
Mujer?
R.– La violencia contra la mujer
puede adoptar muchas formas y la
Defensoría va a ejercer una acción
permanente en su lucha contra esa
violencia. Efectivamente, no todas
están concernidas en la Ley de Violencia
de Género, pero hay muchas
formas de violencia invisibles, a base
de presiones, que no están en la
ley y no dejan de ser violencia. Próximamente
presentaremos un informe
sobre la trata de personas,
con especial atención a las mujeres
que sufren la presión de las redes
de proxenetas. ¿No es acaso eso
violencia contra la mujer?
P.– Por volver con las acciones
del SAT: ha habido incluso un sacerdote
que prácticamente las justificó.
¿Entiende que haya quien
muestre sus simpatías por la causa
que defienden quienes participan
en esas acciones de protesta?
R.– Como Defensora del Pueblo
me remito a lo que ya he dicho.
También aquí hay un procedimiento
judicial abierto contra estas
actuaciones. Pero, sobre todo,
como la persona que ha tenido
una larga trayectoria de servicio
público que soy, tengo que defender
la ley. Sobre los que piensan
de otra manera, no soy nadie para
juzgarlos. Yo sólo puedo estar con
el Estado de Derecho y la legalidad
vigente.
P.– ¿Qué le parece que la Junta
haya decidido retirarle la subvención
a los colegios no mixtos?
R.– Pues creo que se va a crear
un grave problema social en algunos
colegios que atienden a familias
con grave riesgo de exclusión
social. Mire usted: precisamente
en estos días he visitado a las Hermanas
de la Cruz, que como sabe
tiene dos centros en Sevilla que
escolarizan a 230 niñas de Infantil
y Primaria. Se trata de menores
procedentes de familias con escasísimos
recursos que son acogidas
por esta comunidad de religiosas.
Para esta congregación es prácticamente
imposible prestar ese
servicio sin la ayuda de la Junta.
P.– Pero la Junta tiene el aval de
del Tribunal Supremo.
P.– Pero es que no es una cuestión
jurídica. Se trata de un servicio
asistencial que, en algunos casos,
viene siendo prestado por comunidades
que están sujetas a
unos Estatutos y a una tradición
de muchos años, para las que es
impensable adaptarse a las condiciones
que pretende imponer la
Junta. Me preocupa mucho esta
cuestión y pienso planteárselo al
Defensor del Pueblo Andaluz para
que la Junta que reconsidere su
decisión. Insisto: no es un debate
ideológico, sino la obligación con
unas comunidades religiosas que
están prestando un servicio de especial
interés general.
P.– ¿Tiene intención de intervenir
la Defensoría ante expulsión
de los inmigrantes que llegaron a
Isla de Tierra?
R.– Se ha abierto una investigación.
Hemos cursado una petición
de información al Gobierno, al Ministerio
del Interior concretamente,
para saber en qué condiciones
y en qué circunstancias se ha trasladado
a esas personas a territorio
marroquí. La colaboración con el
Reino de Marruecos es imprescindible.
Pero, sobre todo, quien no
puede quedarse al margen de un
asunto como éste es la Unión Europea,
porque son las fronteras de
la UE las que está defendiendo el
Gobierno español. Aún es pronto
para poder realizar una valoración
de lo ocurrido, porque ya le
digo que hace tan sólo unas horas
que se ha cursado esa petición de
información.