La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, investiga el desalojo y entrega a Marruecos de 73 de los inmigrantes ilegales que la semana pasada ocuparon el islote de Tierra, a escasos metros de la costa norteafricana. El proceso se ha iniciado tras las denuncias presentadas por varias ONG que consideran que el Gobierno violó la ley de Extranjería al echar a los indocumentados sin abrir un expediente de expulsión individualizado ni atender posibles demandas de asilo político, como estipula la legislación.

Becerril ha elevado una petición a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le informe de cómo se llevó a cabo el desalojo y si los indocumentados recibieron una atención humanitaria adecuada. La defensora esperará a recibir la información antes de emitir un dictamen, respuesta para la que no hay estipulado un plazo determinado.

El Gobierno, por su parte, es consciente de que la expulsión de los inmigrantes del islote es una solución temporal ante un problema que puede reactivarse una vez las fuerzas de seguridad marroquíes relajen el dispositivo desplegado en torno a las plazas españolas.