El penoso episodio de la ocupación por inmigrantes subsaharianos de la minúscula isla de Tierra ha vuelto a poner de relieve el crónico problema que España tiene en su frontera sur y su delicado nexo con Marruecos. La Ley de Extranjería española, ajustada al derecho europeo, es muy garantista y complica extraordinariamente la devolución de grupos que han ingresado de forma ilegal en territorio español. El acuerdo hispano marroquí de 1992 resolvió en teoría el problema de la devolución por España al país vecino no solo de los emigrantes marroquíes en situación irregular sino también de los de otras nacionalidades siempre que se compruebe su procedencia. Sin embargo, esto no es bastante para contener los flujos, lograr el deseable efecto disuasorio y normalizar por tanto las relaciones de buena vecindad: es necesario que Rabat controle de una forma más eficaz sus fronteras para que la devolución de inmigrantes sea la excepción y no la norma. A primeros de octubre, se celebra en Rabat la próxima cumbre hispano marroquí; será ésta una magnífica ocasión para que ambos países, cuya relación está en un buen momento, refuercen el acuerdo existente sobre bases más pragmáticas y eficaces.