El Gobierno de Mariano Rajoy no dio su brazo a torcer en el pulso lanzado por los 83 inmigrantes irregulares que ocuparon el minúsculo islote de Tierra, de soberanía española pero situado a unas decenas de metros de la costa norteafricana. Tras varias jornadas de negociación con Marruecos, la madrugada del martes la Guardia Civil desalojó en una operación sorpresa a los indocumentados y entregó a las fuerzas de seguridad magrebíes a 73 de ellos. Los diez restantes, ocho menores y dos mujeres, fueron trasladados a Melilla al tratarse de «un grupo vulnerable», según explicó el Ejecutivo. El viernes ya habían sido evacuadas otras tres mujeres embarazadas y tres niños. La Delegación del Gobierno en Melilla explicó que el desalojo, que fue calificado como una operación «modélica», se completó sin incidentes y sin que hubiera heridos.
La acción no ha quedado exenta de polémica. Distintas ONG como Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Federación SOS Racismo o Andalucía Acoge denunciaron que el Gobierno vulneró la ley de Extranjería y no descartaron acudir a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En un comunicado conjunto, varias de estas organizaciones señalaron que si el islote de Tierra es español a todos los efectos, los inmigrantes debieron ser sometidos entonces al mismo expediente de expulsión que se realiza en cualquier otro punto de la península. Es decir, aclaran, se debería haber puesto a su disposición un traductor y asistencia jurídica para a continuación valorar caso por caso la situación de cada indocumentado.
A esto se suma que no se haya posibilitado que potenciales refugiados hayan podido solicitar asilo político, afirman las ONG, que añaden que «en cambio estas personas han sido entregadas a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de los inmigrantes». El comunicado compartido expone incluso que «en el mismo momento de la entrega de los inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las autoridades marroquíes ya estaban esperando los autobuses que Marruecos utiliza para expulsar a los indocumentados subsaharianos a través de la frontera con Argelia, donde son abandonados en mitad del desierto».
Por el momento, la Comisión Europea anunció ayer a través de su portavoz, Michele Cercone, que estudiará el desalojo llevado a cabo y que, en caso de que existan dudas acerca de que se haya cometido algún tipo de ilegalidad, se solicitará más información a las autoridades. Cercone apuntó que «España, como al resto de países, debe respetar los principios y obligaciones del derecho internacional, como el principio de no devolución», que impide las expulsiones masivas.
El Ejecutivo optó por una acción expeditiva ante el temor a que el traslado de los 83 subsaharianos a Melilla o a la península pudiera haber causado un efecto llamada de imprevisibles consecuencias. Para ello aplicó el convenio sobre inmigración firmado en 1992 con Marruecos y que permite la readmisión de indocumentados que hayan entrado a España desde el país norteafricano. Este acuerdo, sin embargo, apenas se ha llevado a la práctica hasta ahora. Desde Marruecos el portavoz del Gobierno, Mustafa El Jalfi, aseguró que el traslado de los inmigrantes se llevó a cabo en «condiciones humanitarias».