El Gobierno de Mariano Rajoy no dio su brazo a torcer en el pulso lanzado por los 83 inmigrantes irregulares que ocuparon el minúsculo islote de Tierra, de soberanía española pero situado a unas decenas de metros de la costa norteafricana. Tras varias jornadas de negociación con Marruecos, la madrugada del martes la Guardia Civil desalojó en una operación sorpresa a los indocumentados y entregó a las fuerzas de seguridad magrebíes a 73 de ellos. Los diez restantes, ocho menores y dos mujeres, fueron trasladados a Melilla al tratarse de «un grupo vulnerable», según explicó el Ejecutivo. El viernes ya habían sido evacuadas otras tres mujeres embarazadas y tres niños. La Delegación del Gobierno en Melilla explicó que el desalojo, que fue calificado como una operación «modélica», se completó sin incidentes y sin heridos.

El Ejecutivo optó por una operación expeditiva ante el temor a que el traslado de los 83 subsaharianos a Melilla o a la península pudiera haber causado un efecto llamada de imprevisibles consecuencias. Pero la acción no ha quedado exenta de polémica. Distintas ONGs como Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SOS Racismo o Andalucía Acoge denunciaron que el Gobierno vulneró la Ley de Extranjería y no descartaron acudir a organismos internacionales de derechos humanos.

Señalaron que si el islote de Tierra es español a todos los efectos los inmigrantes debieron ser sometidos al mismo expediente de expulsión que se realiza en cualquier otro punto de la península. Es decir, se debería haber puesto a su disposición un traductor y asistencia jurídica para a continuación valorar caso por caso la situación de cada indocumentado, hecho que no se produjo.

A esto se suma que no se haya posibilitado que potenciales refugiados hayan podido pedir asilo político, afirman las ONGs, que añaden que «en cambio estas personas han sido entregadas a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos». Estas entidades exponen que «en el mismo momento de la entrega de los inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las autoridades marroquíes ya estaban esperando los autobuses que Marruecos usa para expulsar a los indocumentados subsaharianos a través de la frontera con Argelia, donde son abandonados en mitad del desierto».

La Comisión Europea anunció ayer través de su portavoz, Michele Cercone, que estudiará el desalojo llevado a cabo y que, en caso de que existan dudas acerca de que se haya cometido algún tipo de ilegalidad, se solicitará más información a las autoridades. Cercone apuntó que «España, como el resto de países, debe respetar los principios y obligaciones del derecho internacional».

Asalto a la valla de Melilla

Pocas horas después de que se desalojara el islote de Tierra, hacia las tres y media de la tarde de ayer se produjo un nuevo asalto a la valla de Melilla por parte de indocumentados. Unos 25 inmigrantes intentaron entrar a la ciudad autónoma por la zona de Río Nano. Aunque fueron interceptados por la Guardia Civil, cinco de los ‘sin papeles’ lograron burlar la vigilancia y acceder a territorio español. Este nuevo asalto es el cuarto que se registra desde el pasado domingo.