SETIEMBRE ha puesto fin a la universalidad del sistema de sanidad. Uno de los grandes logros sociales de finales del siglo XX desaparece en manos de un Gobierno que quiere arreglar su crisis dejando a una parte de la población, la más vulnerable, fuera del sistema sanitario.

A nivel estatal, el 1 de setiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 que elimina el derecho de asistencia sanitaria a las personas extranjeras sin autorización de residencia, con excepción de los menores, mujeres embarazadas y casos de urgencias. La injusticia social para con este colectivo se basa, según los artífices de la misma, en garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero ¿quién se cree, aquí y ahora, que este recorte de derechos tiene como objetivo la sostenibilidad del sistema de salud? Sin justificar esta medida en ningún caso, es todavía más escandalosa cuando sabemos que las personas migrantes van al médico menos que la media estatal. Según un estudio de la sociedad de medicina SemFYC, el 57,7% de los españoles pasaron al menos una vez por su médico de cabecera frente al 12,7% de los inmigrantes. También acuden a las urgencias cerca de un 50% menos. Que no nos engañen. Pero entonces… ¿Para qué esta medida? El objetivo es claro y no es otro que la mercantilización de la sanidad y dar los primeros pasos hacía un progresivo desmantelamiento del sistema de sanidad público. Si teníamos alguna duda al respecto, el Gobierno español nos lo ha dejado claro con su idea peregrina de dar cobertura sanitaria a las personas extranjeras sin autorización de residencia a cambio de pagar un seguro. Pero, ¿no se les cae la cara de vergüenza cuando proponen este tipo de medidas?

Si bien la motivación es clara, las consecuencias, por el contrario, son impredecibles. Por una parte, dejar a miles de personas sin asistencia sanitaria supone una infamia de graves consecuencias y aquí adquiere especial relevancia la situación en que quedaran las personas afectadas por patologías graves o crónicas (HIV, tuberculosis y otras similares), que estarán condenadas a una agudización en muchos casos irreversible de su estado de salud. Pero además se trata de una medida que pone a la población migrante en el ojo del huracán, haciéndoles responsables de la crisis actual, desviando la atención de los verdaderos responsables de la misma y tiene como consecuencia directa un aumento del racismo social más visceral, que ahonda en la ruptura social.

En relación al País Vasco, observamos por una parte a un Gobierno vasco que se le llena la boca diciendo que en el País Vasco no se van a aplicar estas medidas y que nadie se va a quedar sin cobertura sanitaria (Según las últimas declaraciones del consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, van a desobedecer a Rajoy y seguirán atendiendo a inmigrantes en situación irregular), mientras que por otra parte han aprobado el Decreto 114/2012 sobre el “Régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi” en el que se ha introducido un nuevo requisito para acceder a las prestaciones: la exigencia de estar empadronadas por un periodo continuado de al menos un año. Las dificultades que actualmente existen para acceder al padrón ocasionarán que mucha gente se vaya a quedar sin acceso a la sanidad pública a pesar de que lleven viviendo entre nosotros mucho más que un año. Es difícil de entender la necesidad de introducir este nuevo requisito e imposible de justificar que se vaya a dejar a personas sin cobertura sanitaria por no tener un certificado de empadronamiento de un año de antigüedad. ¿A qué está jugando el Gobierno vasco? ¿Por qué no sigue dando cobertura sanitaria como hasta la fecha?

No es la población extranjera sin tarjeta de residencia la responsable de esta crisis y de la sostenibilidad del sistema de salud. Esta medida no se dirige solo contra este colectivo. Lo que aquí está en juego es algo mucho más profundo: se trata del modelo de sociedad que queremos y esto nos afecta a todas las personas. Por ello es necesaria que todas y todos nos involucremos y no permitamos que se haga realidad la célebre frase “cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”. Pero, sobre todo, debemos exigir al Gobierno español la derogación de este decreto y a la clase política del País Vasco que incluya este tema en sus agendas políticas de cara al próximo 21 de octubre, que se comprometan a la no aplicación de este decreto y a garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas aunque no cuenten con un año de empadronamiento.