Tarjeta sanitaria en mano, Viviana se sienta en la sala de espera para que le atienda su médico de cabecera. Esta colombiana lleva siete años en Valencia y sí tiene permiso de residencia. «Por suerte yo no tengo que pagar la visita». No es el caso de otros 30.000 inmigrantes sin papeles instalados en la Comunitat. Ayer fue el primer día laborable de aplicación de la norma que les deja sin cobertura. Pese a todo, la Conselleria de Sanidad aseguró que todos los extranjeros irregulares están siendo «debidamente atendidos». Normalidad absoluta en los centros de salud y los hospitales valencianos.

La atención es la misma. La diferencia es que quienes carecen de permiso de residencia reciben una factura para abonar el coste de cada visita. «Todos los médicos de la Agencia Valenciana de Salud hemos recibido un escrito de la dirección autonómica recordándonos que tenemos la obligación de atender a todo paciente, tenga o no tarjeta sanitaria», explica Andrés Cánovas, presidente del sindicato médico Cesm, quien añade que el documento destaca que «la administración ya tomará las medidas pertinentes».

El jueves pasado el conseller de Sanidad, Luis Rosado, manifestó en rueda de prensa que se emitirá la correspondiente «factura en el caso de que no tengan derecho a asistencia gratuita para evitar los abusos del sistema», aunque matizó que «no pasará nada» a quien no pueda pagarla.

Juan Muñoz, un ecuatoriano que lleva más de una década en España, considera que la reforma sanitaria «es dura para los que tenemos papeles y más aún para los que no los tienen. Veo muy mal estas medidas». De hecho, este inmigrante reconoce que está dispuesto a sacar con su tarjeta sanitaria medicamentos para quienes no la tienen. «Yo se los saco y así les ayudo económicamente».

Cánovas comentó que a los pacientes que carecen de cobertura sanitaria «se les hace una receta en blanco» que llevan a la farmacia. Tienen que pagar el 40% del coste.

Sin embargo, la portavoz de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los inmigrantes , Lola Duato, exigió la retirada de la norma y aseguró que resulta «indignante» que el Gobierno trate de «eliminar toda la solidaridad que puede haber en la sociedad española».