Los centros de salud de las comunidades autónomas no registraron ayer incidente alguno, tras la decisión del Ministerio de Sanidad de anular la tarjeta sanitaria a 910.000 inmigrantes irregulares. Aunque con matices, la medida se va a aplicar en toda España, salvo en Euskadi, Cataluña, Navarra, Andalucía, Canarias y Asturias. Estas comunidades han anunciado su decisión de seguir asistiendo a todas las personas.

En Castilla y León y en Cantabria, los médicos siguen prestando la atención hasta que se «depure» la base de datos remitida por Madrid con los inmigrantes que han perdido el derecho a la tarjeta. En el resto de comunidades gobernadas por el PP, se les asistirá pero se les cobrará por ello. Extranjeros usuarios de la Sanidad pública criticaron reiteraron ayer sus críticas a la medida.