La Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo continúa “cribando” las bases de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) que permitirán aplicar la reforma legal que limita la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. Por ello, los servicios públicos seguían atendiendo ayer – primer día laborable bajo la nueva situación creada por el Gobierno del Partido Popular – a todos aquellos que se dirigían a sus instalaciones, sin distinguir si cuentan o no con residencia legal en España.

Fuentes de la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma apuntan que las últimas bases de datos fueron recibidas en la noche del sábado, de manera que todavía no se ha aplicado la reforma. A este retraso contribuye, igualmente, el hecho de que el Ministerio de Sanidad no haya publicado aún la orden que debe desarrollar la nueva normativa, cuando debía haberlo hecho en agosto, puntualiza la Consejería.

Al margen del momento en que comience a llevarse a cabo lo estipulado en la reforma, distintos colectivos han denunciado que los trabajadores sanitarios de las Islas ignoran qué pacientes en concreto podrán ser atendidos. Aunque tanto el Ministerio como la Consejería han aclarado que los servicios relacionados con las urgencias, las enfermedades infecto – contagiosas y la pediatría seguirán prestándose – así como las consultas y operaciones ya incluidas en lista de espera – , organizaciones como Médicos del Mundo han llamado la atención sobre la “ambigüedad” de estas instrucciones.

Por otro lado, la presidenta del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, Carmen Nuez, mostró ayer su “indignación” por la entrada en vigor del decreto que excluye de la sanidad pública a los inmigrantes irregulares y advirtió de que los seguirán atendiendo si llegan a sus consultas.

En declaraciones a Efe, Carmen Nuez defendió que los facultativos, en coherencia con su ética, “no pueden dejar que trabas burocráticas les impidan atender a sus pacientes”.

La presidenta del Sindicato Médico dijo no tener noticias de si la entrada en vigor de la nueva norma ha impedido que algún inmigrante irregular recibiera asistencia sanitaria pública en Canarias, e insistió en que hay un “sentimiento generalizado” de rechazo a esa iniciativa entre el colectivo profesional al que representa, que cuestiona la medida tanto por razones éticas, al entender que “se trata de una ruptura del modelo de sanidad pública universal” que existía en España, como por opinar que tampoco es la fórmula adecuada para afrontar el déficit del sistema.

A juicio del Sindicato Médico, el déficit no se ha generado como consecuencia de que se prestara asistencia a los inmigrantes irregulares, sino por una gestión ineficaz y por otros factores como el llamado “turismo sanitario”.

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