La nueva regulación de prestaciones sanitarias, que deja fuera a los inmigrantes irregulares que no firmen un convenio – con el consiguiente desembolso económico – , entró ayer en vigor entre las protestas de colectivos ciudadanos y partidos políticos. Al final, la aplicación práctica varía en las comunidades.

La Plataforma Canaria para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes denunció ayer en una concentración que la pérdida del derecho asistencial sanitario que sufrirán en España las personas en situación irregular es un «medida injusta» para ellos y la comunidad.

Así lo manifestó ayer a la agencia de noticias Efe una portavoz de la plataforma, Merci Yañez, durante la concentración que congregó a en torno a un centenar de personas frente a la Delegación de Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.  Yañez informó de que la plataforma nació para defender los derechos de los migrantes, entre ellos intentar que se derogue la norma que limita la asistencia sanitaria a aquellas personas que se encuentren en situación irregular, una medida que, según subrayó, afecta también a los menores de 26 años que no han cotizado.

Rechazó que los «recortes» hayan empezado por los inmigrantes y consideró que esto es así «porque son el colectivo más débil, al que se está utilizando de cortina de humo», ya que, en su opinión, el trasfondo de esta medida reside en otras que afectarán a toda la sociedad y que vulnerarán más derechos humanos.