BILBAO. La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó ayer claro que los inmigrantes en situación irregular van a seguir recibiendo asistencia sanitaria a partir de septiembre pese a no tener tarjeta sanitaria, pero advirtió de que “tendrán que buscar los mecanismos necesarios para el reintegro y reembolso de los gastos ocasionados” salvo que las comunidades decidan sufragar la atención.

Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que quiso “poner algunos puntos en claro” en un tema en el que, a su juicio, hay cierta “confusión de conceptos”.

Sáenz de Santamaría explicó que el Estado español actúa “en la línea de lo que se hace en el resto de países de la Unión Europea” cuando se atiende a alguien que no tiene tarjeta sanitaria, que es “pedir que se abone la cobertura sanitaria recibida”.

“Cuando van a otro país, España paga por ustedes”, aseveró la vicepresidenta, apuntando que “o pagan sus estados de origen a través de los convenios bilaterales o de los sistemas de compensación de la Unión Europea, o pagan los propios extranjeros, a los que se pasa ese coste, o bien las comunidades pueden, en su ámbito de competencias, decidir como van a sufragar esta atención sanitaria”.

Precisó que las comunidades pueden decidir si costearles esta asistencia, pero no darles una tarjeta sanitaria y, por tanto, “exportar los derechos que ésta les confiere”.

Por su parte, el presidente del PNV y candidato a lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró ayer que su partido apoya que la sanidad siga atendiendo a los inmigrantes irregulares, como se va a hacer en el País Vasco. Urkullu recordó que ya en una ponencia política del año 1996 el PNV contempló la atención sanitaria a los sin papeles, y desde entonces figura en sus documentos. Atender a estos inmigrantes , ha destacado, “entra dentro del concepto de cohesión social del PNV”.