11.000 inmigrantes que viven en la Región en situación irregular han perdido ya su tarjeta sanitaria. Desde hoy, no tienen médico de familia asignado ni historia clínica abierta en el Servicio Murciano de Salud, aunque serán atendidos en los hospitales y también en los centros de salud cuando sufran una urgencia. Esa asistencia será facturada a sus países de origen en los casos en que haya convenio bilateral con España, anunció ayer la consejera de Sanidad, Ángeles Palacios. Según explicó, los originarios de Marruecos y Ecuador, entre otras naciones, podrán recibir asistencia «a través de esos convenios». En total, unos 9.500 irregulares de los 11.000, según los cálculos de la Consejería.

Lo que dijo ayer Palacios no es nuevo. En realidad, ya lo puso encima de la mesa el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, Agustín Rivero, y sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo. A día de hoy, el cobro a través de estos convenios es, pese al anuncio de Palacios, prácticamente inviable. Los acuerdos están en realidad vinculados a la Seguridad Social, y por tanto cubrirían en principio solo a trabajadores regularizados. Es el caso de Marruecos. Con Ecuador, directamente el convenio no incluye asistencia sanitaria, y solo se habla de «enfermedades profesionales», se entiende que en el marco de contratos laborales regularizados. En todo caso, la situación con este país podría cambiar porque el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso ayer un acuerdo de reciprocidad que asegure la atención sanitaria a sus nacionales en España.

Mientras ese acuerdo no llegue, no hay cobro posible. Tampoco será efectiva la facturación con los convenios actuales firmados con otros países. «Cobrar la asistencia a través de estos convenios no es viable, porque los irregulares no están en la Seguridad Social», advierte Jawad Romaili, abogado especializado en Extranjería que colabora con la Asociación de Usuarios de la Sanidad. La Consejería mantiene, sin embargo, que los convenios sí pueden ser una herramienta. «Se trata de ciudadanos de sus países, y por tanto nosotros vamos a mandarles la factura. Si luego ellos no los reconocen, no nos pagarán», resumen fuentes de Sanidad. Uno de los principales problemas es que muchos de los ‘sin papeles’ que viven en Murcia no constan como beneficiarios de sus sistemas públicos de salud. Además, en países poco desarrollados esa sanidad no es gratuita o no ofrece una cartera de servicios comparable a la del Servicio Murciano de Salud.

Facturar al paciente

Hay muchos países con los que la Seguridad Social ni siquiera tiene convenio. Es el caso de Argelia, Bolivia, Senegal o Mali. En esos casos se facturará directamente al paciente, explicó Palacios. Será, matizó, un mero «acto administrativo». Es decir, sin intención real de cobro, ya que estas personas en su mayor parte carecen de recursos. Sin embargo, estas explicaciones se contradicen con la circular que el Servicio Murciano de Salud envió ayer a sus profesionales, a los que informó, a solo un día de la puesta en marcha de la reforma sanitaria, del procedimiento que deben seguir. En esa nota, a la que ha tenido acceso ‘La Verdad’, se asegura que la asistencia en urgencias «será gratuita para el usuario». Por tanto, con esta circular en la mano los administrativos no deben facturarles. Fuentes de Sanidad justifican las contradicciones porque el texto «se centra en la generalidad», que sería la factura a los países de origen.

La nota informativa deja claro que solo se extenderá recibo «en los casos en los que el país de origen esté incluido entre los diferentes estados con los que España tiene convenios bilaterales de asistencia sanitaria». En sentido literal, eso podría incluso dejar fuera a los marroquíes y ecuatorianos, porque los convenios son con la Seguridad Social, y no de asistencia.

A quienes no afectarán todas estas situaciones y polémicas es a los 2.800 ‘sin papeles’ que padecen alguna enfermedad crónica y que se mantendrán en el sistema con los mismos derechos que tenían hasta ahora, como ya informó ‘La Verdad’. 2.390 enfermos están a día de hoy en tratamiento, y continuarán con él. Otras 400 personas tienen un diagnóstico de enfermedad crónica en su historia clínica, pero no han acudido en el último año al médico. Ángeles Palacios explicó que se revisará la situación de todos ellos para comprobar que siguen en Murcia. En realidad, los crónicos han perdido también hoy la tarjeta sanitaria en virtud del decreto del Gobierno, pero eso no les afectará, promete Sanidad, porque sus datos siguen en el sistema informático del Servicio Murciano de Salud. Seguirán vinculados a su médico de familia actual, y tendrán acceso a medicamentos financiados como hasta ahora.

«No hay ahorro en sí»

La consejera admite que dejar sin tarjeta a los ‘sin papeles’ (con la excepción de los crónicos y también de los menores y las mujeres embarazadas) no reducirá el gasto sanitario. «No se trata de una medida de ahorro en sí», explicó, aunque sí lo habrá indirectamente al evitar que se sigan produciendo las irregularidades que denunció un reciente informe del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, «argelinos que vienen a España de paso hasta Francia y se llevan la tarjeta española, de forma que Francia nos factura», explica Palacios.