Los médicos de Familia de Castilla y León se muestran satisfechos con el protocolo de atención a los inmigrantes sin papeles elaborado por la Consejería de Sanidad, por lo que no recurrirán finalmente a la objeción de conciencia, como tenían previsto. En total, 140 médicos castellano y leoneses habían declarado su intención de acogerse a la objeción de conciencia desde que la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria ofreciera esta posibilidad tras conocerse el contenido del Real Decreto del Gobierno que, en principio, sólo permite atender a esas personas en caso de urgencia, asistencia al embarazo, parto y postparto y menores de 18 años, aunque deja margen para actuar a los servicios de salud de las comunidades autónomas.

Así, sin contradecir la norma del Ministerio de Sanidad, el documento elaborado por Sacyl, que hoy mismo entra en vigor, será «un poco más permisivo», reconoce el vicepresidente de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (SocalemFyC), Fernando García Martín, ya que en él se contempla una de sus principales demandas: que los inmigrantes irregulares tuvieran acceso a la Atención Primaria y a algunas de las pruebas complementarias de su catálogo, entre ellas, analíticas, ecografías y radiografías. Además, tal y como adelantó el pasado miércoles el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, podrán ser derivados a especialistas en el caso de que sufran patologías como la insuficiencia renal crónica que precisarían de diálisis, insuficiencia respiratoria crónica con tratamiento de oxígeno domiciliario – , trastorno mental grave y los afectados por enfermedades contagiosas como el VIH y la tuberculosis.

«Estamos contentos, aunque nos hubiera gustado que el catálogo fuese más amplio», detalla a ABC Fernando García, quien cree que en esta «bolsa» de enfermedades crónicas debería tener cabida «alguna más», como problemas de insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica u otras patologías relacionadas con el corazón que necesiten atención de especialistas de segundo nivel y pruebas que no existen en el catálogo de Primaria.

Respecto a la posibilidad de que el documento contemple la asistencia en caso de tratamientos oncológicos otra de las demandas de los facultativos, el consejero detalló a los representantes de las sociedades científicas reunidas el pasado miércoles que una vez dadas las instrucciones, se tendría que estudiar «cada caso concreto». Por el momento, detalla el facultativo, la idea que tiene la Consejería es ver como se «funciona» con el actual protocolo, pues hasta la fecha sólo dispone de una estimación de los inmigrantes a los que podría afectar (entre 4.500 ó 5.000). «Si son pocos habría que ver el caso, su día a día en la consulta y si no tiene recursos y no se le puede facturar, se buscaría el vehículo apropiado», recuerda Fernando que señaló el consejero de Sanidad.

No obstante, los facultativos se dan por satisfechos y ya no creen necesario recurrir a la objeción de conciencia porque, al estar contemplada la asistencia en Primaria, «se les va a tener que atender».

Además, otra de las iniciativas del agrado de los médicos que llevará a cabo la Consejería de Sanidad es la incorporación de trabajadores sociales como orientadores para estos pacientes. Con este fin, el departamento de Sáez se ha puesto ya en contacto con el área de Servicios Sociales de la Consejería de Familia. Así, un inmigrante que se encuentre en situación irregular y que a partir de hoy se le retire la tarjeta sanitaria deberá acudir a uno de estos profesionales que le facilitará un formulario donde se recoja sus datos para saber cómo se puede proceder con él si le deben facturar la prestación o hacerlo con cargo a su país de origen y qué médico se le debe asignar, que en muchos casos será el mismo. «Los servicios sociales y los trabajadores sociales van a ser claves en la atención a estos pacientes», resume Fernando García.