Los socialistas de Castellón han presentado una declaración institucional para que el Ayuntamiento de Castellón se oponga a la exclusión de los inmigrantes del sistema sanitario. El grupo municipal socialista argumenta motivos de salud pública, de justicia social y de derechos humanos para reclamar el mantenimiento de la sanidad universal.

La iniciativa pretende trasladar al Gobierno central el rechazo firme del Ayuntamiento de Castellón a las restricciones establecidas en el real decreto de reforma sanitaria que finiquitan el sistema de sanidad universal y, por otro lado, propone requerir a la Generalitat Valenciana a desoír la política regresiva de Rajoy y mantenga la atención sanitaria sin exclusiones.

«La restricción de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles supone una exclusión del estado del bienestar de los ciudadanos sin recursos y la instauración de la desigualdad en los derechos y libertades de las personas», afirma la concejala Carme Oliver. Desde el 1 de septiembre, alrededor de 150.000 inmigrantes irregulares que viven en España, varios miles en la ciudad de Castellón, perderán su tarjeta sanitaria y no podrán ser atendidos a través de la red sanitaria pública.

«El Ministerio de Sanidad pretende que las comunidades autónomas exijan a los extranjeros que no coticen a la Seguridad Social la contratación de un seguro médico que tendrá un coste de 700 euros al año por persona». Un coste que Oliver cree «inasumible» para este tipo de personas.