La confusión en la que hoy se estrena el nuevo sistema de atención sanitaria que excluye a los ‘sin papeles’ fue alimentada ayer, un poco más, por el Ministerio de Sanidad. Hay que recordar que nada de esto afectará a los inmigrantes irregulares residentes en Euskadi, donde la «desobediencia» declarada por el Gobierno Vasco hará que nada cambie con respecto a la situación que había hasta ahora.
Pero en otras comunidades las cosas se complican. Puede que al extranjero ‘sin papeles’ que tenga que ir al médico no se le cobre en ese momento porque carece de recursos, pero generará una deuda que la Administración le podrá reclamar en caso de que encuentre trabajo y regularice su situación. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguró ayer que el coste de la asistencia sanitaria de los irregulares y el resto de ciudadanos que a partir de hoy sean atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no dispongan de tarjeta sanitaria quedará registrado, por lo que las comunidades autónomas les podrán reclamar que lo paguen si en un futuro consiguen regularizar su situación.
«Son medidas disuasorias», dulcifican fuentes del departamento de Ana Mato consultadas por la agencia Europa Press. Desde el ministerio recuerdan que con el nuevo sistema de aseguramiento que entra en vigor hoy, el SNS solo cubre la asistencia sanitaria de personas sin tarjeta sanitaria en urgencias, cuando tengan una enfermedad transmisible o crónica (si ya estaban siendo atendidos antes del 31 de agosto), en caso de embarazo o a los menores de edad.
«Como una empresa»
En el resto de los casos, Sanidad insiste en que «en la sanidad pública nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte». Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su atención, que se le pasará a sus país de origen en caso de que tenga firmado algún tipo de convenio de colaboración bilateral con España.
De lo contrario, el paciente puede declararse sin recursos «y no estará obligado a pagarla», aseguran fuentes ministeriales. Eso sí, también advierten de que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.
Así, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a engrosar ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura «como hace cualquier empresa».
Esta situación, sin embargo, no se dará en todas las comunidades autónomas ya que el sistema que hoy entra en vigor lo hará de diferente manera en según qué territorio. En Euskadi, el Gobierno Vasco admite abiertamente que desobedecerá la norma y seguirá atendiendo a los ‘sin papeles’ igual que hasta ahora, lo mismo que Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias. Incluso tres comunidades del PP Galicia, Valencia y Castilla y León han asegurado que mantendrán la asistencia a los ‘ilegales’.
Lo farragoso del asunto se complica aún más si se tiene en cuenta que cada autonomía aplicará criterios diferentes. No es el caso de Euskadi, donde nada cambiará con respecto a lo que existía hasta ahora. Sin embargo, en Galicia los inmigrantes irregulares deberán acreditar que carecen de recursos y están empadronados antes del 1 de septiembre, mientras que en Cataluña se les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación.