La asistencia sanitaria dejará mañana de ser gratuita para los inmigrantes en situación irregular en España. La Rioja aplicará la nueva normativa y, si bien atenderá en sus centros sanitarios a cualquier persona que acuda a ellos, aunque sean ciudadanos ‘sin papeles’, a estos últimos les facturará a posteriori la asistencia recibida.
Eso sí, dentro del colectivo de inmigrantes que se quedarán sin tarjeta sanitaria a partir de mañana, la sanidad riojana seguirá prestando atención gratuita a las mujeres embarazadas (durante la gestación, el parto y el post-parto), a los menores y a los pacientes que precisen atención urgente.
Así lo detalló ayer el consejero de Salud, José Ignacio Nieto, que insistió en que la entrada en vigor del decreto aprobado por el Gobierno central el 3 de agosto, garantiza «la práctica universalidad de la asistencia sanitaria en nuestro país».
Nieto comenzó explicando que, entre los españoles (y extranjeros con residencia legal en España), solo solo salen del sistema asistencial público gratuito quienes tengan más de 100.000 euros de renta, que podrán ser atendidos suscribiendo un convenio.
Después se refirió a los ciudadanos de la Unión Europea (y de otros países con convenio de asistencia con España) que, en una estancia temporal en nuestro país, precisen asistencia. Recibirán esa atención y será su país de origen quien asumirá los gastos, a través de la factura remitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde el Ministerio de Sanidad se hizo especial hincapié al aprobar estas medidas en la lucha contra el llamado ‘turismo sanitario’.
En cuanto a los extranjeros de países que no tienen ese convenio y que están en España de manera temporal o de vacaciones, Nieto explicó que deben contar con un seguro de asistencia, al igual que sucede con los españoles que viajan a algún país con el que no existe convenio de atención.
Sin embargo, la polémica en torno a esta nueva ordenación de la cobertura sanitaria la ha generado la atención, o falta de ella, a los inmigrantes en situación irregular, los ‘sin papeles’.
El consejero riojano comenzó diciendo que «el derecho de asistencia se consigue a través de la obtención de la tarjeta sanitaria, bien como titular o como beneficiario».
El Gobierno regional estima que unas cuatro mil personas que constaban en los ficheros de la sanidad riojana (con 43.000 extranjeros en total) no tendrán tarjeta sanitaria a partir de mañana, de los que un millar son menores. Nieto puntualizó que es difícil obtener una cifra exacta, ya que no consta que esas personas vivan aún en La Rioja.
Además las embarazadas, menores y pacientes de urgencia, seguirán recibiendo atención gratuita aquellas personas que deban quedar incluidas en los programas que se atienden desde salud pública (prevención y control de enfermedades transmisibles).
Al resto, la sanidad riojana «no va a negar asistencia, pero sí que se la va a cobrar, porque no tienen ningún derecho ni están amparados en otra fórmula». «No tiene por qué ser cargada a los derechos que tienen los titulares de tarjeta, y debemos actuar como en otros países europeos y del mundo, y como son tratados los españoles cuando van a otros países. A eso se le llama reciprocidad», recalcó Nieto.
Si no era urgencia, se cobrará
A los pacientes en esta situación se les emitirá la factura de forma nominal, y se les dará también la posibilidad de suscribir un convenio para tener asistencia sanitaria pagando una cuota (diferenciada para mayores y menores de 65 años). El consejero explicó que se intentarán cobrar todas las facturas, aunque puede ser difícil si el paciente no da sus datos de forma correcta.
Con respecto al posible colapso de Urgencias, Nieto destacó que, si alguien sin tarjetas es atendido allí y no se trataba de una urgencia, se le facturará. «Son los facultativos los que deben calificar la asistencia, no negarla, pero sí decir si era o no urgente», añadió. Negó que se hayan recibido comunicaciones «formales» de objeción de médicos a esta norma. «Y no tiene lugar, porque la objeción en todo caso no es a atender», añadió.
También insistió en que los españoles mayores de 26 años que no cotizan tendrán tarjeta «como beneficiarios o como asegurados» y, por tanto, no se les cobrará.